En ningún momento se ve la intención de regresar los capitales a sus legítimos dueños, a tres años de la intervención de BPA
No conforme con los ilegales bloqueos a cientos de clientes de la desaparecida Banca Privada de Andorra (BPA), que suman cerca de 250 millones de euros, la Agencia Estatal de Resolución de Entidades bancarias (AREB), pretende ahora solicitar fondos al gobierno andorrano para hacer frente a los gastos jurídicos, debido a que su intransigencia ha generado litigios y querellas de 109 afectados que no quitan el dedo del renglón y siguen luchando para recuperar sus ahorros, amparados en la vía legal .
Sospechosamente el dinero, en posesión de la AREB y que se encuentra depositado en Vall Banc y bancos en Suiza, está generando intereses millonarios para cubrir el «mal negocio» de haber vendido los fondos «buenos» a l fondo buitre JC Flowers, en beneficio únicamente de esta entidad que sigue bloqueando y dando largas para tener el dinero el mayor tiempo posible, ya que en ningún momento se ve la intención de regresar los capitales a sus legítimos dueños. Solo entre cuatro clientes importantes, suman cerca de 50 millones de euros; la media de los saldos de cada uno de los clientes restantes bloqueados asciende a más de 2 millones de euros.
Ante la paralización del proceso, los clientes de BPA -a través del despacho Cremades-Calvo Sotelo y de dos bufetes independientes andorranos- han demandado al Principado de Andorra a quien le reclaman un total cerca de 250 millones de euros. Son 109 los procedimientos contenciosos judiciales, tanto civiles como penales, relacionados con la resolución de BPA y del no traspaso a Vall Banc de cuentas y productos que suponían un riesgo en materia de blanqueo de capitales.
En una acción descabellada y desesperada, el Gobierno subió al Parlamento un proyecto de ley de suplemento de crédito que autorizó un fondo de 2,9 millones de euros destinado para pagar gastos administrativos y judiciales que mantiene abiertos la AREB a consecuencia del proceso de resolución de BPA, aunque desde un principio se estipuló que cuando haya ingresos derivados de la entidad puente, estos ingresos corresponderán en primer lugar a la recuperación de todos los gastos en que haya incurrido la AREB. A pesar de que la Ley de Resolución prevé una dotación inicial y extraordinaria de treinta millones de euros que realizarán las entidades bancarias andorranas y la apertura de un programa de financiación de hasta cien millones de euros destinado a la financiación de empresas y negocios.
Tras asumir la tutela de BPA, la AREB siempre ha mostrado falta de planificación y de respeto por la seguridad jurídica de los damnificados que han señalado que esta actuación tan agresiva violó el derecho constitucional a la propiedad privada y puso en riesgo tanto la imagen como la credibilidad del principado andorrano; y a más de tres años que lleva el proceso nunca les dieron una explicación sobre por qué una entidad que cumplía con todas las normas y protocolos a nivel nacional y europeo fue intervenida de la noche a la mañana y bloqueado todo el patrimonio de sus particulares, a pesar de que el patrón de actuación del FinCEN, es considerado irregular y ambiguo, avalado por una consultora como PricewaterhouseCoopers (PwC), con criterios que poco tienen que ver con la normativa vigente en el Principado de Andorra y en casi ningún país del mundo, lo que impidió que muchos clientes pasaran el corte.
