“A la fecha la firma rapiñera, propiedad de James Christopher Flowers, ha declarado beneficios de 11,8 millones de euros y solo ha pagado 3,47 millones a la AREB”
Tras repetidos fiascos en España, la firma rapiñera JC Flowers pudo comprar el andorrano Vall Banc, donde fueron trasladados los activos sanos de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), a pesar de que su fondo de inversión ha merecido el epíteto de «oportunista» o «buitre» por parte de analistas financieros que han asegurado que no se trató de un rescate, porque los accionistas, incluidos los empleados que asumieron riesgos, perdieron la mayor parte de su dinero, en una historia sobre la que se ciernen más sombras y sospechas que certidumbre.
Cínicamente el Gobierno de Andorra ha reconocido que sólo se han cobrado 3,47 millones de euros por la venta de Vall Banc a JC Flowers que lo adquirió en 29 millones de euros. Dicha cantidad se abonó el 20 de julio del 2016 y desde entonces, la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB), actualmente desacreditada por su director Albert Hinojosa, no ha recibido ni un pago más. Es decir, no está siendo un buen negocio para el Gobierno que sólo ha cobrado tal cantidad mientras la entidad bancaria propiedad de James Christopher Flowers, ha declarado unos beneficios de 11,8 millones a la fecha.
Otro punto cuestionable es que la AREB nunca ha presentado los cierres contables trimestrales dentro de plazo. Este hecho es especialmente grave, teniendo en cuenta que la AREB ya hace más de tres años que se creó y, por tanto, ha tenido tiempo de poder adaptarse para presentar las cuentas trimestralmente, como es obligación de las instituciones públicas según recoge la Ley General de las Finanzas Públicas.
Sobre la actividad financiera en España existe una amplia legislación y son numerosos los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la misma: La Ley de Competencia Desleal (3/1991 de 10 de enero) y de la Ley General de Publicidad (34/1988 de 11 de noviembre) establecen las bases que deben seguir las empresas y particulares en esta materia, y la Directiva de prácticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores (2005/29/CE de 11 de mayo de 2005) que recoge varias sanciones que pueden ser aplicadas a JC Flowers.
Los gestores de JC Flowers, tienen claro que se puede sacar partido de cualquier crisis económica, y para ello dispone de un músculo financiero que muchos bancos desearían para aprovechar las oportunidades que se pueden presentar. Los hermanos Higini y Ramon Cierco, antiguos accionistas de BPA, recuerdan su historial de inversiones dudosas, sus pobres condiciones financieras y el rechazo de las autoridades bancarias españolas a sus intentos de adquirir un banco.
Los Cierco han elevado ante la UE su reclamación por la nacionalización de BPA, ya que consideran que el procedimiento de intervención y resolución se realizó sin respetar las garantías establecidas por la normativa comunitaria al efecto, de obligado cumplimiento en el país andorrano al utilizar el euro como moneda. Tras perder una fortuna cuando el gobierno andorrano les robó el banco, esperan una compensación como accionistas que rondaría los 360 millones.
También los Cierco presentaron ante la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) requerimientos de que, a la vista de la irregular resolución y liquidación de dicha entidad llevada a cabo por el Principado de Andorra, cumplan con sus obligaciones de vigilancia y control del Acuerdo Monetario suscrito entre la Unión Europea y el Principado de Andorra.
Los inversores y pequeños accionistas que perdieron su dinero tras la liquidación de la entidad reclaman a la antigua cúpula del banco el reintegro de su dinero y el correspondiente a los daños ocasionados por el gobierno que preside Antoni Martí, quien con su desmedida actuación e intervención liquidadora segó los cimientos de una entidad que había pasado todos los controles de eficiencia y rentabilidad de los controladores bancarios del país.
Andorra ya no podrá ser un lugar en el que la banca resulte un negocio rentable, debido a la existencia de intereses ocultos que hay detrás de la intervención de la BPA, donde las investigaciones del Gobierno del Principado nunca fueron neutrales, por el contrario fueron deficientes e irresponsables, respondiendo solamente a propósitos nefastos en una trama de complicidades con la banca andorrana desde hace más de tres años desde que fue intervenida, y que afectó a los cimientos financieros del país.
