El Cabildo de Gran Canaria confía en que el próximo 24 de julio el Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, cuyo dictamen es preceptivo y vinculante para la declaración del Oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural (BIC), sí tenga en cuenta los 11 informes favorables incluidos en el expediente enviado al Gobierno de Canarias por la Corporación que preside José Miguel Bravo de Laguna.
Ello después de que la ponencia técnica haya emitido su voto desfavorable.
«Desde el Cabildo esperamos que el Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, primero, y el Consejo de Gobierno de Canarias, después, muestren sensibilidad y respeto hacia los intereses de Gran Canaria, y que corrijan el tremendo error de la ponencia, que no sólo parece no reconocer el interés histórico del Oasis de Maspalomas, sino que ha ignorado hechos trascendentales y fehacientes de la historia y la cultura de esta isla», según el presidente insular.
Bravo de Laguna ha ido más allá al indicar que con el rechazo de las tesis defendidas por el Cabildo, la ponencia da la espalda a informes de una solvencia indiscutible, como son los emitidos por las Instituciones Consultivas establecidas en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
A su juicio, ello constituye «un hecho gravísimo», como lo es el que «los 6.000 folios en los que, de forma rigurosa y con el aval de grandes especialistas, el Cabildo ha sustentado este complejo expediente, hayan sido despachados en una respuesta de apenas un par de páginas».
Por ello, y frente a la situación vivida este viernes, el Cabildo de Gran Canaria pide a los integrantes del Consejo de Patrimonio que, junto al resto de la documentación entregada al Gobierno de Canarias en tiempo y forma, analicen a fondo los 11 informes favorables a la declaración (ocho informes técnicos elaborados por representantes de Instituciones Consultivas, funcionarios del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico y el arquitecto José Miguel Márquez, así como tres informes jurídicos) y respondan a su obligación de proteger como es debido un enclave cuya importancia histórica, cultural y como paraje natural ha quedado sobradamente acreditada en uno de los expedientes más completos de la historia de Canarias.
Igualmente, reitera que la declaración de BIC resulta del deber constitucional, legal y general de respeto y conservación del patrimonio histórico canario, por lo que tanto el Cabildo como la Administración Pública Canaria tienen la inexcusable obligación constitucional y legal de proponer y declarar un BIC siempre que, como en este caso, se constate técnicamente la concurrencia de los requisitos contemplados en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
