Las víctimas de violencia machista y sus hijos podrán desplazarse a casas de acogida de comunidades autónomas distintas a las suyas y sin coste alguno, según ha acordado la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha fijado un máximo de 15 días para que los gobiernos regionales resuelvan los trámites correspondientes.
Así consta en un protocolo que han suscrito todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, sobre todo por temas competenciales. Tampoco lo ha firmado aún Melilla por no estar presente en la reunión, pero Sanidad ha asegurado que le consta que lo hará próximamente.
El protocolo establece un marco común de actuación de acuerdo con las premisas de la seguridad, recuperación y confidencialidad de las víctimas y sus hijos. Según el documento, la comunidad de origen de la víctima o si así lo acuerda con la de acogida asumirán los costes de desplazamiento y cuando llegue la mujer con sus hijos al nuevo centro estos serán escolarizados de forma inmediata. La comunidad de origen de la víctima también asumirá el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada.
La mujer será derivada a una casa de acogida situada en otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal y, en casos urgentes porque esté en juego su vida, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales, u organismos de igualdad o equivalentes.
Sanidad también ha presentado a las comunidades las «Pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo». Tienen como objetivo hacer una intervención personalizada y multidisciplinar con las víctimas y sus hijos y hace hincapié en la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso.
Además, define los objetivos para la recuperación de las mujeres maltratadas y sus hijos a partir de la asistencia psicosocial, laboral, educativa y sanitaria. A las víctimas se las asignará un profesional de servicios sociales para llevar su caso y el posterior seguimiento a través de un plan individualizado.
