Una menor de 15 años se verá obligada este curso escolar a recorrer los 50 kilómetros que existen entre Pamplona y Elizondo para continuar sus estudios en la capital navarra debido a una providencia dictada recientemente por el juzgado de menores número 1 de Pamplona por la que no ampara su petición de que sea el presunto maltratador quien tenga que cambiarse de centro para evitar la coincidencia, según recoge pamplonaactual.com.
La titular del juzgado de menores número 1 justifica su decisión en que “si el menor está matriculado con anterioridad en el Centro de estudios donde ahora pretende estudiar la víctima, resulta obvio que aquél tiene prioridad y es la víctima (sic) que tendrá que buscar un nuevo Centro”.
Actualmente existe una orden de alejamiento entre ambos, ya que el presunto maltratador es ahora mayor de edad al tener 18 años. La magistrada insiste en su providencia en que “lo acordado en el Auto de Medidas Cautelares, no puede quedar vacío de contenido y a capricho de la víctima”.
La familia de la menor se ha mostrado indignada por esta decisión que ha sido tomada con el visto bueno de la fiscalía de menores. Así critican que “se protege al presunto agresor y se carga sobre la victima todo el peso de la existencia de orden de alejamiento, sin respetar sus derechos fundamentales, a la educación, a su libertad personal, al libre desarrollo de su personalidad”.
Consideran, en este sentido, que se trata de “un claro ejemplo de relaciones de maltrato en la adolescencia y como trata este sistema a algunas víctimas de la violencia de género”.
“Se trata que como sociedad reaccionemos, apoyando a las víctimas y condenando socialmente estas agresiones y exigiendo un trato institucional respetuoso a las mujeres que denuncian, adolescentes, jóvenes o mayores”, denuncian.
La denuncia
Los dos jóvenes, que tenían entonces 15 y 12 años, se conocieron en Elizondo en la misma clase en segundo de la ESO, y al mes ya eran novios.
Según relata la denuncia presentada en su momento por la menor, y que será objeto de un juicio en los próximos meses, existía entre ambos una relación de dominación absoluta, con agresiones físicas y amenazas de muerte hacia ella y su familia.
Tras la denuncia en el mes de junio, el juzgado de menores dictó una orden de alejamiento que prohíbe al joven, pues él ya ha cumplido los 18 años, acercarse a la menor a 200 metros, de su domicilio y le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio telemático.
Además la fiscalía de menores, siempre según la familia, ha rechazado pruebas testificales propuestas por la acusación particular de la víctima y para el acto del juicio solo propone la declaración de la víctima, catalogando los hechos como un delito de maltrato habitual, sin atender a las coacciones, amenazas, lesiones físicas y psíquicas y agresiones sexuales. El juicio se celebrará en los próximos meses.
