El Gobierno catalán acuerda promover las iniciativas legales, políticas e institucionales para garantizar el derecho a decidir de los catalanes aunque dio órdenes para que se paralice la campaña institucional que había puesto en marcha desde el sábado. Miles de ciudadanos protestaron en las plazas de toda Catalunya por el acuerdo del Tribunal Constitucional.
En el día después del acuerdo del Tribunal Constitucional que tumbó el referéndum del 9N, el Gobierno catalán ha aprobado personarse en los recursos que el Estado ha presentado contra la Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana y contra el Decreto de convocatoria de la consulta
El portavoz del Gobierno asegura que «ayer no terminó nada» y afirma que «algunos pueden pensar que ya no hay consulta, nosotros pensamos lo contrario»
Homs ha pedido al TC que «se pronuncie en el menor tiempo posible» sobre la suspensión cautelar y dicte sentencia «con diligencia»
El Gobierno defiende la pulcritud jurídica y legal de los dos textos, que se enmarcan en un proceso basado en la mayoría social, el consenso político, el diálogo y el respeto a la legalidad
También ha acordado tomar las medidas correspondientes, con carácter temporal y cautelar, para garantizar la seguridad jurídica y la correcta actuación de los empleados públicos de la Administración de la Generalidad y de las administraciones locales, o lo que es lo mismo, la Generalitat acató la decisión del Tribunal Constitucional.
Por la tarde, miles de ciudadanos protestaron en las plazas de toda Catalunya por la suspensión de la consulta.
