La operación investiga si existen irregularidades con la imposición de multas de tráfico y la gestión del departamento.
Los agentes de la Policía Judicial retiraron diversos expedientes La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga si existen irregularidades con la imposición de multas de tráfico en el Concello de Porriño o en la gestión del departamento de la Policía Local.
El lunes, un equipo de la Policía Judicial de Tui se desplazó al Ayuntamiento de Porriño con orden judicial y en las dependencias de la Policía Local -en la planta baja de la Casa Consistorial- retiró diversa documentación relativa a expedientes de multas de tráfico y gestión del departamento, sin que hubieran trascendido las razones exactas de la investigación.
Los efectivos de la Policía Judicial se presentaron por sorpresa en el departamento de la Policía Local porriñesa y exigieron varias carpetas con expedientes de sanciones, entre otra documentación. La retirada de documentación se produjo con absoluto sigilo y no trascendieron datos, aunque FARO DE VIGO comprobó los hechos en dos fuentes diferentes. Se desconoce si la investigación está relacionado con las denuncias presentadas en su momento contra el alcalde de Porriño, Nelson Santos, y el teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, concejal de seguridad y delegado responsable de la Policía Local, o se trata de un nuevo frente, que se uniría al rosario de denuncias contra la gestión municipal de Porriño, desde que Santos accedió a la Alcaldía a través de una moción de censura.
El regidor local siempre manifestó su inocencia en la supuesta retirada de multas de tráfico que presuntamente se le atribuían en la investigación principal del «Caso Multiusos» cuyas diligencias tramita el Juzgado de Instrucción número tres de Porriño. La Policía Judicial había llegado a grabar conversaciones entre el alcalde, el teniente de alcalde, Jacobo, y el concejal, Manuel Alejandro Lorenzo, en las que se atendían demandas de personas en las retiradas de multas, pero no se demostró que las retiradas de las sanciones solicitadas fueran efectivas y todo parecía indicar que los compromisos quedaban en respuestas típicas de carácter político vacías de contenido y de acción, salvo que, ahora, de la documentación que ya obra en poder de la Policía Judicial se demuestre que si existió esa retirada de multas.
Por otra parte, en el mes de mayo se produjo un enfrentamiento entre un grupo de policías locales y el oficial jefe local, Daniel González, que concluyó con el envío de este de un dossier al Fiscal Jefe de Pontevedra de más de cien folios. En este dossier se contesta a todas las acusaciones hechas contra él por siete policías porriñeses.
«Yo no he hecho más que hacer cumplir las normas y corregir vicios de muchos años para que no haya diferencias con el resto de funcionarios del Concello y, por eso, he enviado ese dossier dirigido al fiscal ofreciéndome a que me investigue si considera que hay algo inapropiado en mi modo de proceder», señaló en su día el oficial jefe de la Policía de Porriño, Daniel González. Siete de los dieciséis agentes que tiene Porriño acusaban entonces al jefe de discriminación, de acoso laboral, humano y de trato, de favorecer a algunos agentes sobre otros, de crear servicios innecesarios y de que no se les estuvieran abonando las horas extra, las asistencias al juzgado, ni las noches trabajadas.
El alcalde porriñés Nelson Santos, el teniente de alcalde, y el concejal de Empleo están imputados, junto a otras personas, por los supuestos delitos contra la Administración Pública como prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias, así como falsedad y contra los derechos de los trabajadores.
