La planificación estatal propuesta para 2015-2020 limita las posibilidades del sector de las energías renovables, que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos 2015/2020. La Junta, de esta manera, reclama al Gobierno entre 290 y 461 millones que deja de invertir en infraestructuras eléctricas.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha reclamado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo mayores inversiones y más proyectos para Andalucía en la nueva Planificación Nacional de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020. En su informe presentado al Consejo de Gobierno sobre este documento, clave para el desarrollo de la comunidad, el responsable económico de la Junta ha destacado que la propuesta estatal reduce entre 290 y 461 millones de euros el nivel de inversiones que correspondería a Andalucía en este periodo teniendo en cuenta su peso demográfico y territorial en España.
La Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 recoge las infraestructuras de transporte eléctrico de tensión mayor o igual a 220 kilovoltios (KV) que se construirán en los próximos años para garantizar el suministro. Este documento, de carácter vinculante y que debe ser elaborado con la participación de las comunidades autónomas, sustituirá al vigente para el periodo 2008-2016, suspendido por el Gobierno de España en 2012.
El titular de Economía ha subrayado el carácter fuertemente restrictivo de la nueva propuesta estatal, que respecto a la anterior planificación reduce a la mitad las inversiones a nivel nacional: de 9.220 millones de euros para nueve años (1.024 millones anuales) a 4.558 millones para seis (760 millones por ejercicio). De esta cantidad, 361 millones de euros serían para Andalucía, lo que supone el 7,93% del total.
De confirmarse este reparto, la comunidad autónoma recibiría una cantidad muy inferior a la que le correspondería por población (18% del total nacional), territorio (17%) y consumo (14,28%). De acuerdo con el primero de estos indicadores, Andalucía debería percibir 822 millones de euros, frente a los 361 presupuestados; por territorio, 791 millones, y por consumo, 651. De ahí la merma que la Junta calcula entre los 290 y los 461 millones de euros.
Sánchez Maldonado ha señalado que este reparto de inversiones y proyectos genera un agravio comparativo respecto de otras regiones de España y no tiene en cuenta las características poblacionales, territoriales o de consumo eléctrico de las comunidades autónomas. En este sentido, ha señalado que la comunidad andaluza realiza un ejercicio de responsabilidad frente a esta «restricción financiera» impuesta por el Ejecutivo central, toda vez que la Junta ha tenido en consideración en sus peticiones al Gobierno aquellas infraestructuras que resultan imprescindibles para lograr el marco de crecimiento contemplado en la Agenda por el Empleo. «El Estado plantea un escenario muy alejado de las necesidades reales de Andalucía», ha manifestado.
El consejero también ha destacado que la planificación del Ministerio reduce drásticamente la inversión en infraestructuras de conexión de las energías renovables a la red eléctrica, lo que limita las posibilidades de este sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.
Actualmente, el 38,7% de toda la potencia eléctrica andaluza proviene de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 43,2% de la electricidad que consumen los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 20,6%. Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes.
La propuesta andaluza
Durante el proceso de elaboración de la nueva planificación, la Junta ha elaborado una propuesta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo valorada en 608 millones de euros y basada en un escenario económico restrictivo pero incluyendo infraestructuras prioritarias e imprescindibles para garantizar el crecimiento económico, la seguridad y la calidad del suministro eléctrico y un desarrollo energético sostenible y descarbonizado en la región.
Frente a las 27 actuaciones en nuevas subestaciones de transporte que plantea el Gobierno central, la Junta propone 45 (casi la mitad de las que planteó en 2008), de las que 20 corresponderían a ampliaciones.
En relación con las renovables, la propuesta del Gobierno andaluz concentra las inversiones en infraestructuras para la evacuación de la generación eléctrica en zonas de mayor potencial. Las actuaciones suman diez nuevos puntos de evacuación (siete en subestaciones ya existentes).
Entre las infraestructuras prioritarias para la seguridad del suministro recogidas por la propuesta de la Junta se encuentran las subestaciones Colón y Chucena para demandas de la provincia de Huelva; el refuerzo del anillo de Sevilla; la subestación Parralejo y la conexión con la Bahía de Cádiz y el sur de la provincia gaditana; la seguridad de suministro para toda Andalucía Oriental, especialmente a través del eje Caparacena-Baza-La Ribina (Granada); el refuerzo de la Costa del Sol, y la alimentación al Puerto de Algeciras.
Las conexiones de las renovables afectan a la central hidráulica La Breña (Córdoba); proyectos fotovoltaicos y termosolares a conectar en las subestaciones Salteras, Don Rodrigo y Carmona (Sevilla); proyectos eólicos maduros; la central hidráulica de bombeo de Jabalcón (Granada); proyectos fotovoltaicos, eólicos y de biomasa en la subestación Cartuja; proyectos eólicos para conectar en la subestación Parralejo (Córdoba), y proyectos fotovoltaicos y eólicos en la subestación de Tabernas (Almería).
La Junta defiende que sin estas infraestructuras se pondría en serio peligro el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y la evacuación de la electricidad generada por proyectos renovables. Esto supondría, además, una pérdida de inversiones y empleo, así como un retraso en el objetivo de un sistema energético sostenible para la región.
La Administración autonómica ha presentado ante el Tribunal Constitucional tres recursos a diversas normas estatales que afectan al sector energético y perjudican el desarrollo de las renovables en la comunidad: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social; el Real Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero; el Real Decreto Ley 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y la Ley 24/2013 del sector eléctrico.
