El Servicio Extremeño de Salud financiará las intervenciones de cambio de Sexo

Muñoz presenta la nueva Ley de Igualdad

El Gobierno de Extremadura ha dado luz verde a una ley, que según ha destacado la titular de Política Social, da respuesta a una demanda histórica de más de 20 años de reivindicaciones y que no es otra que la Ley de Igualdad entre Heterosexuales, Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.

Una ley que homenajea a todos los «colectivos y personas que tuvieron que salir de esta Comunidad por una falta de respuesta y emigrar a otros lugares porque su identidad suponía un rechazo», una texto normativo, que según Muñoz va más allá y es de los más avanzados de España y Europa y que «consagra derechos en las área de salud, social, familiar, educación, laboral, empresarial, administración, y formación para trabajar por el respeto y la igualdad».

Esta ley ha sido presentada por  La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Ángeles Muñoz, y  por los responsables de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y de Extremadura Entiende, Marisa González.

Una ley que permite desde ahora establecer un protocolo de transexualidad que garantizará que «todas las personas transexuales tengan la atención médica necesaria para hacer la realidad la necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido», con financiación pública a cargo del Servicio Extremeño de Salud, según señaló Muñoz.

Otro de los aspectos fundamentales de esta ley será que no habrá ninguna mujer que tenga impedimento para cumplir su derecho de ser madre, según Mª Ángeles Muñoz se trata de una «consagración legal para las mujeres lesbianas y bisexuales».

Otra de las claves de esta ley es la protección «de aquellas personas que en el  ámbito de una relación del mismo sexo sufren violencia», se trata de  «violencia intragénero»,  por lo que se ofrecerá una «protección efectiva» para hacerlo el punto de vista «físico y económico».

También se creará un observatorio para luchar contra la homofobia y transfobia que trabajará de forma transcendental creando un protocolo policial ante delitos de odio hacia el colectivo. Según ha explicado Muñoz, la normativa establece un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación sexual que puede llegar hasta los 45.000 euros.

Según ha explicado el representante de la Fundación Triángulo, José María Núñez, la ley es «histórica» en tanto que reconoce el derecho a la «igualdad plena y efectiva» y a la no discriminación de ningún ciudadano por razón de su orientación sexual o de su identidad de género.

Por su parte, Marisa González ha afirmado que la ley tiene un «contenido ambicioso» y que «velará por el cumplimiento» del desarrollo de sus reglamentos y del observatorio contra la discriminación.