La dotación presupuestaria en Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid es manifiestamente insuficiente para cubrir su coste real, teniendo en cuenta que desde el año 2010, ha reducido un 31% el gasto en este servicio, según el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
El presupuesto 2015 de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares para Justicia Gratuita es de 28,8 millones de euros, idéntica cifra a la designada en el ejercicio anterior, pese a que en 2014, la cantidad certificada como consecuencia de los expedientes tramitados ascendió a 31,3 millones de euros.
Por tanto, el presupuesto 2015 ya nace con un déficit estimado de 3,2 millones de euros, teniendo en cuenta que el cálculo de las cantidades certificadas previsibles para este año podrían ascender a 32 millones de euros, según la proyección de los expedientes a tramitar.
A esta cifra, habría que sumar el déficit acumulado que se arrastra de los tres anteriores ejercicios y que asciende a 2,78 millones de euros.
Este déficit se cubre con las cuotas de todos los colegiados madrileños. Son ellos los que están sufragando parcialmente y desde hace años este servicio público, cuya financiación corresponde, por mandato constitucional, a las administraciones públicas, incluida la subvención por tramitación de los expedientes que realizan los Colegios.
En cada Comunidad Autónoma, según el Decreto que regula el pago por expediente tramitado y su gestión, se realiza con distinto criterio y, por tanto, no es posible comparar entre las distintas CCAA los parámetros de la subvención concedida a los Colegios de Abogados, tal como hace ver el gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Colegio de Abogados de Madrid viene racionalizando al máximo la gestión del servicio de Justicia Gratuita para optimizar el gasto, con la aplicación del expediente electrónico y otras medidas desarrolladas a costa de la propia Abogacía.
Pese a este esfuerzo en la eficiencia del servicio por ahorrar costes, el Colegio no puede cubrir el déficit que se viene arrastrando en los últimos años.
Asimismo, el número de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita sigue en ascenso, como refleja el dato de 2014 con un total de 116.986, lo que representa un 3,07% más con respecto a 2013.
Cuando la Comunidad de Madrid habla de inversión en Justicia Gratuita se está refiriendo a los importes de expedientes certificados, según datos recogidos en la Memoria 2013 de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Así, estos importes son de 54,1 millones de euros en el caso de Cataluña; 36,7 millones de euros en Andalucía; y de 31,3 millones de euros en Madrid.
Todos estos datos dejan en evidencia que el presupuesto que la Comunidad destina a este servicio público es insuficiente para cubrir su coste real.
Además, Madrid tiene una mayor renta per cápita y, sin embargo, la remuneración por asunto es un 51% inferior a Galicia, un 99% respecto al País Vasco y un 36% respecto a Cataluña.
La decana, Sonia Gumpert, resalta que “la Justicia Gratuita no puede convertirse únicamente en datos cuantitativos como es el número de expedientes porque es una función social recogida en la Constitución que la Abogacía presta a los ciudadanos con falta de recursos en igualdad de condiciones”. En este sentido, señala que “tras un expediente hay una persona con sus dificultades y problemas concretos”.
