La Consejería de Sanidad ayudará a unos 23.000 pensionistas que se encuentren en situación de precariedad económica a pagarse las medicinas, para lo que ha aprobado una línea de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos y evitar que una persona ponga en riesgo su salud por no poder pagarse un medicamento.
Castilla y León se convierte así en la primera autonomía que adopta una medida de estas características, que supondrá un reintegro global para los beneficiarios de entre 1,2 y 1,5 millones de euros.
Los beneficiarios deben tener tarjeta sanitaria expedida por Sacyl con derecho a la prestación farmacéutica; ser pensionistas de la Seguridad Social, o beneficiario de un pensionista; recibir una pensión contributiva; que el nivel de renta del titular de la tarjeta sea inferior a 4.900 euros anuales o a 350 euros mensuales (referido a 14 pagas mensuales); y que la cuantía de la aportación anual efectuada por el solicitante sea igual o superior a 12 euros. El pago se efectuará con una periodicidad anual y de una sola vez.
Para evitar posibles desigualdades y que algunas personas puedan abandonar los tratamientos, la Consejería ha fijado estas ayudas, cuyas bases reguladoras recogió ayer el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y que pretenden atender las limitaciones económicas o de situación de exclusión social de personas que se encuentren en riesgo de no efectuar un seguimiento óptimo. Se dirigen a paliar, en especial, la falta de adherencia a los tratamientos crónicos.
