«¿Por qué este colectivo tiene que demostrar su capacidad de comprensión de un programa y el resto de los ciudadanos no?», pregunta Down España.
El Estado español continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno recuerda que la Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental.
En 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que había firmado tres años antes. Según recuerda el presidente del CERMI, «Naciones Unidas advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia electoral al no modificar la LOREG».
En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Ha pasado más de un año y medio y desde el Ejecutivo no ha salido ningún informe al respecto.
Para el gerente de Down España, Agustín Matía, el problema sobre la restricción del voto del colectivo con discapacidad intelectual radica en la «aplicación estricta» de la LOREG por determinados jueces, que en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de la persona para determinar si puede o no ejercer su derecho al sufragio.
A su juicio, la «cuestión de fondo» es que en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación o valoración sobre el partido o candidato al que vota, ni una demostración de si comprende o no los mensajes o programas. «¿Por qué se exige esto a las personas con discapacidad intelectual y al resto no?».
