12 fueron asesinados y un centenar quedaron huérfanos.
Un estudio de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Save the Children, elaborado a partir de los datos de denuncias de ese año, el último del que se tienen datos ya disponibles, arroja la escalofriante cifra de que al Al menos 38.500 niños fueron víctimas de algún tipo de violencia en 2013.
El documento, publicado con motivo de la conmemoración este jueves del ‘Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión’, indica que, del total de casos registrados la mayoría (30,32%) corresponden a casos de robo con fuerza e intimidación, aunque otros porcentajes cercanos corresponden a homicidios, lesiones o malos tratos (22,39%) y delitos contra la libertad sexual (18,69%).
Los responsables del estudio insisiten en que estas cifras muestran «solo la punta del iceberg» y aseguran que «la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos».
La directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de ICAI-ICADE, Clara Martínez, ha llamado la atención sobre las «múltiples formas» en que se presenta la violencia contra la infancia y ha manifestado la gravedad de estas situaciones que, a su juicio, «muchos niños sufren en silencio» y que «están condicionando su desarrollo y su futuro».
12 ASESINADOS Y UN CENTENAR DE HUÉRFANOS
El estudio hace hincapié en los niños víctimas de violencia de género y subraya que, de 2013 a esta parte, 12 menores han sido asesinados por este motivo y en torno a un centenar han quedado huérfanos, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
«Las situaciones de violencia que viven muchos niños en nuestro país son intolerables y se pueden evitar. –ha expresado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre– Por eso es urgente que se pongan en marcha medidas para visibilizar este problema, concienciar a los ciudadanos, prevenir nuevos casos y dar una respuesta institucional adecuada».
Imprescindible para los autores del estudio, la necesidad de atacar el problema con una perspectiva integral que afecte tanto al ámbito familiar como a la educación, al sistema de salud y a los medios de comunicación, entre otros agentes; que permita prevenir, detectar, proteger y reparar episodios de agresiones y que todas las medidas contengan dotación presupuestaria. Por último, proponen la creación de juzgados de instrucción específicos para tratar los casos de violencia contra la infancia.
