Los Mossos d’Esquadra han desarticulado una red de una veintena de personas que presuntamente se dedicaba a estafar a ancianos con problemas económicos a los que ofrecía falsas rentas vitalicias y líneas de crédito para quedarse con sus pisos.
Según ha informado este jueves la policía catalana en un comunicado, han detenido a diez personas y han denunciado a otras nueve, y han podido identificar a una cincuentena de víctimas, aunque se están analizando más casos similares.
Los investigadores del Área Central de Delitos Económicos calculan que el fraude de este grupo ronda los tres millones de euros, una cifra que podría incrementarse con el estudio del gran número de operaciones notariales que todavía no han podido investigarse.
De momento, se ha solicitado el embargo de 150 inmuebles, la intervención de siete vehículos y el bloqueo bancario sobre 75 empresas y 15 personas relacionadas con la organización investigada.
El grupo captaba a ancianos que pasaban por dificultades financieras a través de anuncios en los periódicos e Internet o a través de registros oficiales que consultaban sus abogados y les ofrecían una renta vitalicia para complementar su pensión.
Las condiciones que firmaban para obtener dichas rentas ante notario parecían en un primer momento favorables a los interesados, pero en realidad les desprotegía totalmente permitiendo que la organización no pagara la rentas y que pudiera desahuciar al comprador y quedarse su propiedad desde el principio.
Con estas cláusulas, la organización desahuciaba a los ancianos, se quedaba con sus casas y no les pagaban las rentas prometidas.
Paralelamente, también solicitaban hipotecas y líneas de crédito con documentación falsificada a través de testaferros para las empresas de la organización, y financiaban vehículos, unos créditos que nunca eran retornados.
La investigación arrancó con la denuncia de un particular hace un año, y culminó con tres registros en domicilios de Barcelona, Badalona y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en un despacho de abogados de la capital catalana, y la apertura de una caja fuerte en una entidad bancaria del paseo de Gràcia.
Se intervino un gran número de documentación que ahora debe ser analizada por los investigadores para poder determinar si hay más víctimas; la investigación la dirige el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona y está bajo secreto de sumario.
