El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recordado que la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit son garantía de éxito y fundamentales para conseguir el crecimiento y la creación de empleo.
Durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local ha felicitado a las Entidades Locales por el esfuerzo de gestión llevado a cabo y ha señalado que los diferentes fondos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno han hecho posible un control exhaustivo de las cuentas que han ayudado a superar los problemas financieros que soportaba la mayoría al inicio de la legislatura. Sigue abierto el plazo de adhesión al Fondo de Ordenación y al Fondo de Impulso Económico para aquellas Corporaciones Locales que lo necesiten.
Objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública
El ministro ha presentado a las Entidades Locales la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las entidades locales que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que establece un objetivo de déficit del 0,0% del PIB para 2016, del 0,0% para 2017 y del 0,0% para 2018.
De la misma manera, se presentan a la Comisión Nacional de Administración Local los objetivos de deuda pública del conjunto de las entidades locales, que es del 3,4% del PIB para 2016; del 3,2% para 2017 y del 3,1% para 2018.
Así mismo, se informa a la Comisión Nacional de Administración Local de dos anteproyectos de ley elaborados para la transposición de un conjunto de directivas comunitarias sobre contratación pública, cuyo plazo finaliza el 18 de abril de 2016:
Los objetivos de la nueva regulación son lograr una mayor transparencia en los procedimientos de contratación y simplificar los trámites y procedimientos de contratación en beneficio de los órganos de contratación y de los licitadores.
También se informa a la Comisión Nacional de Administración Local la Ley de Desindexación de la economía española, que establece un nuevo régimen de revisión de los valores monetarios en el ámbito público (tasas, precios regulados, tarifas y precios de los contratos, etc) con el objetivo de actuar contra los perjuicios asociados a la referencia a índices de precios y, en particular, a índices generales de precios como el IPC.
