Ninguna familia va a ser desalojada de su vivienda de alquiler. La EMVS no va seguir presionando a las 220 familias que habitan cinco edificios de su propiedad en el distrito de Centro para que las abandonen y se van a detener los procesos para el desahucio de 70 viviendas. Así lo ha asegurado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, después de su reunión con los representantes de la Asociación «Yo no me voy», surgida en este distrito.
En el año 2012 los beneficiarios de alquileres sociales de la EMVS de toda la ciudad empezaron a recibir avisos y visitas para informarles de que la próxima renovación de su contrato no se iba a producir. Estos contratos, efectuados en el marco del Decreto 100/86, se renuevan cada dos años, automáticamente, si la renta familiar no ha rebasado la prevista y si no se posee ningún bien inmueble en la comunidad de Madrid. En total, hay 2.086 contratos de este tipo distribuidos por los 21 distritos de la ciudad.
Durante dos años y ocho meses, los afectados por esta medida de la anterior corporación intentaron ponerse en contacto tanto con la alcaldía como con los directivos de la EMVS, pero no lo consiguieron. Además de no recibirlos, la EMVS empezó a realizar procedimientos de desahucios contra los que se resistían a salir de las viviendas alquiladas legalmente.
«Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución», aseguraba la alcaldesa, Manuela Carmena tras la reunión con la asociación. El compromiso de la EMVS se extiende a las 2.086 viviendas.
La política municipal en relación a la vivienda, ha dicho también la alcaldesa, es posibilitar el alquiler social, por lo que se está reorganizando todo el parque inmobiliario, lo que unido a la labor que está realizando la Oficina de Mediación Hipotecaria, va a potenciar para los madrileños el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución.
Por su parte, el presidente de la asociación, Alberto Romeral, ha explicado que su asociación surgió a consecuencia del sentimiento de acoso y de abandono que surgió entre los vecinos a partir de la postura de la EMVS hace casi tres años. «Estamos muy agradecidos a la alcaldesa y a los nuevos gestores de la EMVS porque han cambiado totalmente la actitud con la que antes se nos trataba».
En cuanto al abogado de la asociación, Endika Zulueta, ha desvelado que había un contrato confidencial entre EMVS y una empresa privada, que actualmente está en suspensión de pagos, para vender los cinco edificios de Centro a una segunda empresa por 12 millones de euros. «Los vecinos recibieron cartas, visitas, etc para que abandonaran los inmuebles. Muchas personas tienen situación precaria económica, física, etc. Hemos ganado algunos juicios, algunos se han recurrido, pero ahora ha cambiado el Ayuntamiento y los vecinos están tranquilos».
