El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en la lucha contra las viviendas de uso turístico ilegales y este miércoles, 5 de agosto, ha anunciado 3 nuevas medidas para poner fin a estas prácticas, reducir su impacto negativo en la ciudad y crear un nuevo modelo de turismo sostenible y de calidad.
Según el teniente de alcalde de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica, Gerardo Pisarello, que compareció acompañado de la concejala del Distrito de Ciutat Vella, Gala Pin: “Pensamos que el turismo sólo puede ser de calidad si es un turismo sostenible que garantiza la calidad de vida de todos los vecinos y las vecinas de la ciudad.”
De ahí que la primera de las medidas se aplicará en el distrito de Ciutat Vella y consistirá en una prueba piloto dirigida a los propietarios de pisos turísticos ilegales que ya han sido sancionados (unos 300, con multas de 15.000 euros de media), para que los ofrezcan como pisos sociales. Con la cesión se podrá condonar hasta el 80% de la multa a cambio de ceder durante 3 años la vivienda al Ayuntamiento, que lo destinará a las familias que se encuentren en situación de emergencia. El 20% restante de la sanción económica también se podrá condonar prolongando esta cesión. La voluntad es extender esta medida al resto de la ciudad.
El Ayuntamiento también enviará un requerimiento a las plataformas digitales que ofrecen viviendas turísticas en Barcelona para que faciliten los datos identificativos de las personas que sacan a alquiler sus viviendas a través de este negocio y el número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña. En caso de que las plataformas no presenten los datos en un plazo de 15 días, el consistorio las sancionará a partir del 1 de septiembre por cada piso irregular que ofrezcan.
Además, en Ciutat Vella se empezará una campaña de comunicación con el objetivo de que los turistas puedan denunciar los apartamentos ilegales donde se han alojado y colaborar de esta manera con la Administración en su detección. Las irregularidades en el contrato, como la falta del número de licencia, son algunas de las prácticas más habituales.
Pisarello ha justificado estas medidas y ha argumentado: “Nos hemos encontrado con una situación de desgobierno y de mucha opacidad. No tenemos la foto fija de lo que ocurre en la actividad turística y las medidas buscan hacer emerger una situación que ahora mismo no es clara.”
