El sindicato APM-SPPME ha pedido al fiscal superior de Navarra que investigue las irregularidades y depure responsabilidades que pudiera haber, incluso penales, en la gestión del anterior equipo de Gobierno de UPN en Pamplona.
En su escrito, al que ha tenido acceso Pamplona Actual, se recuerda lo reflejado en un artículo publicado por Diario de Noticias el pasado 11 de agosto en el que se daban a conocer las condiciones y cifras del alquiler del depósito de grúa municipal en el interior del Parking del Palacio de Justicia de Pamplona.
Según cita dicho artículo, el consistorio tiene asignada la totalidad de la cuarta planta de esta infraestructura como depósito de vehículos (250 plazas que ocupan 6.423 metros cuadrados) por los que en 2014 pagó 223.140 euros. Este gasto se sucede desde 2007, en cumplimiento del pliego de condiciones de la obra en la que Obenasa y Urbanizaciones Iruña S.A. corrieron con el gasto íntegro a cambio de la explotación comercial del recinto durante 50 años.
“Se trata de una factura anual que supone un pago cercano a los 225.000 euros, a razón de unos 75 euros al mes por cada una de las 250 plazas reservadas, y que desde la apertura del parking y el traslado allá del depósito de la grúa en 2007, ha supuesto un desembolso de más de 1,6 millones de euros para las arcas municipales”, recuerdan desde APM en el escrito enviado al fiscal general.
“Son 250 las plazas que alquila el Ayuntamiento, pero muchas no se usan por no dar la altura y algunos vehículos no pueden entrar en el depósito por ser demasiado grandes para hacer el giro de entrada, de hecho, nada más iniciarse la actividad una vez inaugurado el Parking, hubo que realizar una obra para modificar el acceso puesto que las grúas cargadas tenían dificultades para acceder a la planta”, insisten.
El escrito prosigue señalando que “en definitiva, el Ayuntamiento de Pamplona ha estado abonando unos 225.000 euros anuales por el alquiler para uso como depósito de grúas municipal, de una planta de un parking instalado en propiedad municipal, pero con derecho a usufructo de 50 años de dos empresas en manos de particulares. Por si esto no fuera suficiente, el Ayuntamiento paga un 15% de sobrecoste por alquiler de plaza respecto a los usuarios particulares. Éstos alquilan por 65 euros al mes y el Ayuntamiento paga 74,38 euros”.
APM recuerda que un pleno celebrado en julio del año 2014, los grupos políticos entonces en la oposición, Geroa Bai, EH-Bildu, IE y PSN, plantearon revertir la situación del alquiler del depósito y la posible nueva ubicación de la misma sin gasto.
“UPN en aquel Pleno argumentó que existían “responsabilidades” respecto a la empresa concesionaria de la explotación del parking, la mercantil Aparcamiento San Roque S.L (constituida en su día por las constructoras Obenasa y Urbanizaciones Iruña)”, afirman en el escrito, un mandato “que fue desoído por el equipo de Gobierno”.
En el documento enviado a la fiscalía se añade además que la postura de mantener el contrato “no viene avalada por los servicios técnicos del propio Ayuntamiento que en un informe fechado en marzo de 2014, tildaban de “superfluo” el gasto anual por alquilar el depósito. En aquel informe, los técnicos municipales aclaraban que si el equipo de gobierno de Pamplona decidiera llevar este depósito a un terreno dotacional de titularidad pública dejando el aparcamiento de gestión privada, la operación no tendría coste alguno para el Ayuntamiento. El único requisito que habría de cumplir la Administración es anunciarlo a la empresa adjudicataria del parking con dos meses de antelación. Además, la rescisión del contrato de alquiler podría ser parcial (reducir las 250 plazas actualmente alquiladas) o total (dejar definitivamente esa ubicación)”.
Por todo ello, el sindicato APM considera que “el comportamiento, anteriormente descrito, del grupo político Unión del Pueblo Navarro al frente del Ayuntamiento de Pamplona, podría encuadrarse en los delitos contemplados los Delitos contra la Administración pública” que contemplan penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años; pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años; o penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años”, entre otras.
