La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa, la puesta en marcha de una ‘auditoría de austeridad’, tanto en el Ayuntamiento de Getafe como en las empresas públicas. La auditoría permitirá conocer en qué se han utilizado los recursos públicos y hacer una utilización más eficiente y sensata. En palabras de la alcaldesa, “el objetivo es acabar con el despilfarro, aumentar y mejorar los servicios a los ciudadanos y ayudar a las familias que más lo necesitan”.
Junto a la alcaldesa, en la rueda de prensa ha estado el concejal de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, Herminio Vico. La auditoría se realizará por dos vías, por un lado una auditoría financiera y de legalidad en colaboración con la Intervención del Ayuntamiento, y por otro lado una auditoría externa, operativa y de gestión, a través de la adjudicación a una empresa independiente mediante un procedimiento abierto.
Según ha explicado Hernández “esta auditoría responde a las peticiones que tanto vecinos como asociaciones han hecho durante la pasada legislatura, a las que no se había dado respuesta. En los dos meses y medio que llevamos, hemos visto que existe justificación suficiente para realizarla, pues ha habido gastos desorbitados o de dudosa procedencia”.
Asimismo se ha referido la alcaldesa a los procedimientos judiciales que están abiertos, sobre contratos adjudicados por el anterior Gobierno Municipal, “los más señalados son los que se refieren a la Operación Púnica, con Coffely, Waiter Music o Hard News, y todo lo que significa esa supuesta mejora de la contratación, cuando lo que se pretendía era un espionaje político a través de un fraccionamiento de contratos”.
La alcaldesa de Getafe también ha recordado el teatro de la calle Madrid y su adjudicación de obras sin tener la consignación presupuestaria necesaria. En lo que respecta a los proveedores Hernández ha resaltado “que no podemos llegar a tener un conocimiento fiel de toda la deuda con que existe, por ejemplo con las empresas de suministros de agua o luz. Tenemos estados contables pendientes de aplicación, es decir, se han pagado gastos sin saber dónde hay que aplicarlo”.
Hernández también ha querido subrayar que “se está empezando a conocer los procedimientos contenciosos administrativos iniciados contra el Ayuntamiento, para saber cómo puede estos afectar al presupuesto municipal. Tenemos también una ineficaz recaudación, como consecuencia de un cambio informático que hizo que se duplicara en muchos casos el cobro de recibos”.
La alcaldesa también ha aclarado que la auditoría “analizará los gastos en publicidad y propaganda, que han supuesto cerca de dos millones y medio de euros durante la anterior legislatura”. Otros costes que se analizarán son el gasto en taxis durante fines de semana y fuera del horario laboral por parte de cargos de confianza, que en algún caso han supuesto cerca de 2.500 euros que en sólo tres meses “y podrían ser constitutivos de malversación de dinero público”.
Además se analizarán las deudas y contratos con grandes almacenes para el suministro de bebida y comida al Ayuntamiento. “Se ha visto como en la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente, LYMA, ha pagado 2.200 euros mensuales de mantenimiento del Jardín Vertical sin tener contrato. Han desaparecido dispositivos móviles y ordenadores, aludiendo a robos, sin que exista ninguna denuncia en la Policía” ha resaltado Hernández.
La alcaldesa ha criticado que en LYMA se hayan realizado durante toda la legislatura 256 nuevas contrataciones, entre los cambios de contrato y las nuevas incorporaciones. De esta cifra hasta 141 se realizaron en el año 2015, antes del periodo electoral, “de forma muy importante estas contrataciones se realizaron en el personal directivo y en el departamento de administración”. También en la empresa municipal de limpieza, ha señalado que “el antiguo gerente y la jefa de personal se autoimpusieron un plus de disponibilidad de 1.500€ mensuales en junio de 2015”. La alcaldesa ha señalado que ahora reclaman a la empresa LYMA el reconocimiento de dicho plus desde el inicio de la relación laboral.
Con referencia al ALEF, Hernández ha aclarado que según un informe de la cámara de cuentas, ha habido problemas con la contratación de la empresa que se encarga del mantenimiento del sistema informático y un despacho de abogados del que no existe ningún tipo de documentación jurídica. “También es conocida la situación de los taxis en el ALEF, motivo por el cual se produjo el despido disciplinario de su antigua gerente”.
Por último en lo que respecta a GISA, Hernández ha puntualizado que “durante dos años se ha pagado el alquiler de la un local en la calle Estudiantes, 4, por un importe de 48.000 euros sin que haya sido utilizado para nada. Además el anterior Gobierno Municipal quería imputar al Plan Urban unas obras de mejora que las propias bases de la convocatoria impedían”.
Desde el Gobierno Municipal consideran que todos estos indicios son más que suficientes para la puesta en marcha de la citada auditoría, que permita acabar con el despilfarro y propicie una mejor gestión del propio Ayuntamiento.
