El documento que incluye ese pago fue aprobado por el anterior Gobierno el 11 de junio, 3 días antes de la toma de posesión del nuevo Alcalde.
Alberto Cubero reitera que «seremos rigurosos con los pagos a las contratas, abonando sólo los servicios realmente prestados. Nada más».
El Gobierno de Zaragoza abrirá un expediente para revisar, si legalmente procede, la liquidación de la anterior contrata de autobús urbano, aprobada tres días antes de la toma posesión del nuevo Alcalde, el 11 de junio. Dicha liquidación incluye, entre otros, el pago de 2 millones de euros en concepto de indemnizaciones por los despidos de personal producidos en agosto de 2013.
El proceso de liquidación de la anterior contrata del autobús urbano, que gestionaba TUZSA, y su traspaso a la nueva, AUZSA -que, además, pertenece al mismo grupo empresarial- incluía una serie pagos y ajustes económicos que estaban contemplados en las cláusulas administrativas particulares del pliego de condiciones.
Básicamente, esos pagos se recogían en dos grandes epígrafes: el valor residual de la anterior contrata (inversiones realizadas en renovación de flota, renovación de paradas, etcétera) y los costes de puesta en marcha (que, en principio, tendría el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales como principal montante). La liquidación completa, según los pliegos, no debería superar los 16,5 millones.
En todo caso, llama la atención que, en el apartado correspondiente a la puesta en marcha, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales asciende a sólo 104.000 euros (cifra favorecida por el hecho de ser empresas «hermanas») pero se incluyen 1.915.783,23 euros en concepto de «Indemnizaciones por reestructuración de personal», así como 221.372,24 euros en «Otros gastos de reestructuración de personal», donde se incluye la factura de los abogados de la empresa (170.834,95 euros) o los gastos de Correos y Telégrafos (7.932,51 euros), entre otros.
Una vez realizada la revisión, se celebrará una Comisión Extraordinaria de Servicios Públicos y Personal para dar a conocer las conclusiones y las medidas que se decida adoptar.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el Consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, quien ha calificado de «vergonzosa» esta situación y ha dicho que «este Gobierno no admite el pago de despidos con dinero público, en una decisión adoptada, además, en el último minuto de la anterior legislatura». Cubero ha insistido en que «vamos a ser rigurosos con los pagos a las diferentes contratas, abonando exclusivamente los conceptos que se ajusten al servicio prestado y a la legalidad».
En los informes técnicos previos a la aprobación de aquel expediente, el Servicio de Movilidad indicaba -refiriéndose este último bloque de la puesta en marcha- que sus costes, según el Pliego de Condiciones, «se refieren a que su procedencia debe ser del abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en gran medida, salvo una pequeña parte dedicada a contingencias de puesta en marcha». Por este motivo, desde Movilidad se solicitaba lo siguiente: «Rogamos que un Órgano Competente (Órgano de Contratación) o la superioridad jurídica que tenga atribuciones, conocimientos o competencias para ello, resuelva sobre la cantidad que se ha de abonar al concesionario por este concepto».
Un informe del área de Presidencia, Economía y Hacienda del día 5 de junio de 2015 daba por buenas las cantidades, y el expediente fue aprobado por el Gobierno saliente el día 11 de junio.
El importe total se debe hacer efectivo a lo largo de los 10 años del contrato, a razón de dos pagos anuales. De hecho, a los pocos días de conformarse el nuevo Gobierno, se hizo efectivo ya un primer pago de más de 600.000 euros, que estaba entre los asuntos pendientes de tramitar.
