Es una de las medidas incluidas en la declaración ‘Pamplona-Iruña, ciudad libre de desahucios’, quede medidas para evitar estos procesos en la ciudad o atenuar sus consecuencias.
El equipo de Gobierno de Pamplona propondrá que Policía Municipal no intervenga en los casos de procesos de lanzamiento en activo y siempre que sean primeras y únicas viviendas dentro del término municipal en las que no haya alternativa habitacional, y que no respondan a una orden judicial de lanzamiento.
Es una de las propuestas recogidas en el proyecto de declaración que e l Ayuntamiento presentará la semana que viene a las asociaciones y que previsiblemente se aprobará en el pleno del mes de noviembre.
Así, las asociaciones presentes en la Mesa de la Vivienda, grupo de trabajo adscrito al ‘Foro contra la pobreza y la precariedad’, conocerán la próxima semana la propuesta de declaración institucional ‘Pamplona-Iruña, ciudad libre de desahucios’. Lo previsto es hacerlo en el transcurso de una reunión abierta a la participación el próximo miércoles 7 de octubre, en el Palacio del Condestable, a las 18 horas.
El Área de Ciudad Habitable y Vivienda proyecta que Pamplona siga la senda ya emprendida por otras ciudades como Palma, Alicante, Barcelona, Vitoria o San Sebastián, con el objetivo de “dejar patente la preocupación del municipio por la posible exclusión social de muchas de sus familias, al estar en serio riesgo de perder su vivienda”.
La base del texto, que está previsto que se lleve al Pleno del jueves 5 de noviembre, es que la crisis actual ha llevado a una “situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo” en la que “las administraciones locales, infradotadas de recursos, son las que, en primera instancia reciben el impacto social de esta situación”, existiendo miles de viviendas vacías “destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que la normativa exige”. El documento recoge, en 12 puntos, una serie de medidas en las que – tras la aprobación en Pleno- se concretaría la intervención municipal.
En desahucios en proceso
En el caso de procesos de lanzamiento en activo el Consistorio se comprometería a que la Policía Municipal no interviniera en los desahucios de primeras y únicas viviendas dentro del término municipal en las que no haya alternativa habitacional, siempre que no respondan a una orden judicial de lanzamiento.
Además, el Ayuntamiento trataría de que las entidades bancarias se impliquen en la búsqueda de alternativas a los desahucios, incluso replanteándose la colaboración del municipio con las entidades que provoquen un desahucio sin haber intentado una negociación razonable y sin habérselo comunicado el Consistorio. En ese sentido el Consistorio apoya seguir impulsando la labor de la Oficina de Mediación Hipotecaria (OFIMEH) creada en colaboración con el Colegio de Abogados de Pamplona en septiembre de 2012 y del grupo de trabajo sobre vivienda del ‘Foro contra la pobreza y la precariedad’.
Asimismo, desde instancias municipales habría un compromiso de negociación con las compañías suministradoras de servicios (agua, electricidad, gas etc.) para evitar la suspensión del suministro a los afectados por riesgo de exclusión en procesos de desahucio, buscando la condonación de los importes o el aplazamiento de su pago.
Una vez que el ciudadano ha sido desahuciado
Para casos en los que se haya producido ya la pérdida de la vivienda, el Consistorio en el documento que presentará la semana que viene a las asociaciones se compromete a crear una Oficina Municipal de Viviendas que gestione y coordine de todas las medidas para poner vivienda social a disposición de los ciudadanos, lo que se quiere hacer a través de un Banco de viviendas de alquiler social, en coordinación con el Gobierno de Navarra. Este banco se nutriría de las viviendas vacías que pudieran aportar las entidades financieras, además de las de particulares y empresas interesadas. Todos los inmuebles figurarían en un Registro Municipal de Viviendas.
Paralelamente se crearía un Registro Municipal de Solicitantes de este tipo de viviendas, comprometiéndose el Consistorio a la aprobación de manera rápida una ordenanza municipal que regule el acceso de los interesados a viviendas de alquiler. En ese sentido, se buscaría impulsar un marco estable de colaboración con el Gobierno de Navarra en materia de vivienda y de gestión del alquiler social.
Tanto las líneas generales de Oficina Municipal de Viviendas como las del desarrollo de la ordenanza se expondrán ante las asociaciones en la reunión de Condestable.
Cambios en el panorama legislativo nacional y foral
Como cláusula de cierre, según lo recogido en la propuesta, el Ayuntamiento de Pamplona se comprometería a pedir al Gobierno Central la retirada del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional que suspendió la entrada en vigor de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, aprobada hace dos años por el Parlamento de Navarra. Considera el documento que este marco de regulación es indispensable para trabajar en esta materia en la Comunidad Foral.
Asimismo, el texto recoge que el Consistorio pedirá al ejecutivo central que introduzca en la legislación nacional cambios que impidan el desahucio de las primeras y únicas viviendas, incluyendo en la norma la dación en pago retroactiva y el alquiler social, cumpliendo así el artículo 47 de la Constitución que establece que ”Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
