El Ayuntamiento de Madrid examinará las relaciones mantenidas con implicados en la Operación Púnica en los últimos años, tal y como se aprobó hoy en el pleno municipal. Los trabajos de investigación ya han comenzado: el Área de Economía y Hacienda cuenta ya con 91 contratos mayores además de contratos menores y expedientes de 6 empresas por un valor superior a los 49 millones de euros.
A raíz de una moción aprobada arranca la investigación de manera inmediata. Ya está a disposición del Área de Economía y Hacienda la documentación relativa a contratos suscritos con Waiter Music, Cofely España, Elyo Ibérica Servicios Energéticos, el Grupo Dico Obras y Construcciones, Copisa Constructora Pirenaica y Super Cash de Alimentación. Estos nombres figuran en el listado de empresas implicadas en la Operación Púnica.
Entre diciembre de 2005 y agosto de 2014 figuran en los registros municipales contratos menores con estas empresas y otros contratos y gastos de mayor cuantía. No existe por el momento constancia de irregularidades, por lo que será necesario hacer una revisión pormenorizada de la documentación para esclarecerlo.
Resulta especialmente significativo el caso de Copisa, que acumula 43.421.056,82 euros en un corto periodo de tiempo (entre 2008 y 2015) y un expediente de convalidación de gasto con el Grupo Dico por una cuantía cercana a los 4 millones de euros.
Las áreas de Obras y Espacios Públicos y de Medio Ambiente y Movilidad, las Juntas de Distrito de Centro, Ciudad Lineal, y Villaverde y empresas públicas como la EMT y Madrid Emprende figuran entre las que suscribieron los contratos que serán examinados para verificar que todo el proceso de adjudicación y ejecución se ajusta a derecho. Se investigará para depurar, si las hubiera, responsabilidades políticas y penales en las operaciones firmadas.
Los contratos y expedientes se publicarán, en la medida que la normativa de protección de datos lo permita, dentro del compromiso con la transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Se pondrá a disposición de los tribunales todo aquello que sea considerado susceptible de investigación judicial.
Medio centenar de personas han sido imputadas en la operación judicial que investiga una trama de corrupción en ayuntamientos y organismos autonómicos de Madrid, Murcia, León y Valencia.
A instancias de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción se abrió una investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales -del 2 al 3% del volumen del contrato- por la concesión de contratos públicos que habrían ocasionado un perjuicio millonario al erario público.
