Habían organizado un entramado empresarial compuesto por más de 60 establecimientos de comida rápida, tipo «kebab»
Las empresas servían para enmascarar la verdadera actividad ilícita de la organización que era el tráfico ilegal de inmigrantes y su posterior explotación laboral
La operación, en la que han intervenido casi 250 agentes, se ha saldado con la detención de 25 personas en España y 4 en Polonia
También se ha contado con la colaboración entre los investigadores de funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwiślański de Polonia, coordinados por Europol, han desarticulado una organización de origen pakistaní dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes con destino a España y otros países europeos. Habían creado todo un entramado empresarial formado por más de cincuenta establecimientos de comida rápida tipo «kebab», donde los inmigrantes eran explotados laboralmente una vez llegaban a nuestro país. La operación se ha saldado con la detención de sus principales miembros, 25 de ellos en España y otros cuatro en Polonia. También se ha contado con la colaboración entre los investigadores de funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, a raíz de diversas inspecciones realizadas en locales de hostelería de la provincia de Cádiz, detectaron que entre mediados de 2011 y finales de 2012 se había procedido a la apertura de un elevado número de establecimientos de comida rápida tipo «kebab» en la zona. Todos los locales reunían unas características comunes, la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní, y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.
Con esas premisas, los investigadores empezaron a investigar en profundidad dichos locales y a sus titulares, ante la posibilidad de que pudieran estar llevando a cabo algún tipo de actividad delictiva y así, se detectaron tres cadenas distintas de kebabs, que respondían a nombres comerciales distintos pero, sin embargo, estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios y que disponían de catorce locales distribuidos por toda la provincia de Cádiz.
Controlaban más de 60 establecimientos, en su mayoría «kebabs»
A medida que las investigaciones fueron avanzando, los agentes comprobaron que la red de kebabs se extendía también a diversas localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, contando con más de cincuenta establecimientos dirigidos por diferentes miembros de la organización desarticulada. También se pudo constatar el acercamiento de la red a otro tipo de actividades, habiéndose detectado locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Antequera (Málaga) propiedad también de los mismos.
A partir de ese momento, los esfuerzos de los investigadores se centraron tanto en el seguimiento operativo de los propietarios de los negocios, con el fin de averiguar las funciones específicas de cada uno dentro de la organización, como en la investigación de la verdadera actividad económica de la red y sus fuentes de financiación.
La organización había construido un entramado empresarial compuesto por más de treinta sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por co-titularidad, que amparaba su actividad comercial ante organismos estatales de inspección y justificaba la supuesta relación laboral con empleados que, si bien se encontraban «de facto» trabajando, no estaban regularizados laboralmente ya que se encontraban en España de forma irregular.
Todo este entramado empresarial era utilizado por la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes que introducían irregularmente, así como diversos beneficios sociales para los mismos.
Además, les permitía justificar la presencia física de numerosos ciudadanos pakistaníes en nuestro país, mediante la simulación de relaciones laborales de los mismos con las numerosas empresas que lo componían.
Los propietarios de los negocios presentaban a la Administración propuestas de contrato de trabajo para supuestos futuros empleados (que, en realidad, ya se encontraban trabajando para ellos sin ningún tipo de protección legal) que servían como base para la obtención de permisos de trabajo, lo que les permitía regularizar su situación en España.
Sin embargo, los trabajadores no eran luego dados de alta en la Seguridad Social, lo que conlleva, por una parte, una clara actividad defraudadora contra la Administración y, por otra, la más absoluta desprotección legal de los supuestos trabajadores.
Los empleados pagaban por trabajar para obtener su regularización
El avance de las investigaciones llevó a los agentes a comprobar que las diferentes empresas habían contraído importantes deudas con la Seguridad Social, observándose, además mínimos movimientos de capitales y patrimonios, lo que contrastaba enormemente con una expansión constante de los negocios.
El desproporcionado número de sociedades mercantiles y las numerosas cuentas de autónomos utilizadas para una misma actividad comercial, permitía a la organización diversificar la deudas contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que dificultaba la actividad inspectora y permitía diluir las posibles responsabilidades administrativas y penales que, en su conjunto, supondría un fraude de tales proporciones.
Por otra parte, los agentes corroboraron numerosos envíos de dinero desde España a Pakistán realizados desde diferentes locutorios también relacionados con el entramado investigado, así como graves irregularidades cometidas en dichos envíos.
Además, los supuestos empleados pagaban a la organización con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión y dependencia absoluta de la misma, que se aprovechaba de la situación de necesidad de estos compatriotas.
Todos estos indicios llevaron a los investigadores a descubrir el verdadero motor económico de la organización, que estaba basado en la introducción ilegal de inmigrantes, en su mayoría de origen pakistaní, en España y otros países europeos y su explotación laboral en los diferentes locales regentados por la organización.
Modus operandi
Los inmigrantes eran trasladados a España utilizando la «ruta central» (a través de Libia e Italia) o la «ruta oriental» (atravesando Turquía y Grecia) previo abono de unos 14.000 euros aproximadamente por cada uno de ellos.
Durante las investigaciones han quedado de sobra acreditados los graves riesgos que suponían los trayectos a través del Mediterráneo para la vida de los inmigrantes que, en muchas ocasiones, viajaban hacinados en embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas y sanitarias, como ocurrió el pasado agosto, cuando uno de estos inmigrantes pereció por la inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado.
Una vez en España, eran distribuidos por la organización por los diferentes kebabs de los que disponían, donde eran explotados laboralmente, siendo obligados a trabajar en jornadas continuadas, sin ningún tipo de descanso y sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración ni tener ningún tipo de derecho social.
Una vez comprobados todos los indicios y tras varios años de investigaciones, agentes de Policía Nacional y Guardia Civil realizaron un operativo policial simultáneo en las provincias de Málaga, Cádiz, Badajoz, Alicante y Sevilla, que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal formada por ciudadanos pakistaníes que se dedicaba a la introducción ilegal de inmigrantes procedentes de su mismo país de origen en España y otros países de la Unión Europea y con la detención de 25 miembros de la misma.
Las gestiones policiales permitieron asimismo comprobar el carácter transnacional de la organización, que mantenía conexiones con otros individuos dedicados a la misma actividad asentados en Polonia, donde se ha realizado otro operativo policial, de forma simultánea al llevado a cabo en España, en el que se ha detenido a otras cuatro personas más en relación con los mismos hechos.
En total en la operación han intervenido casi 250 agentes, tanto de Policía Nacional y Guardia Civil en España, como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwiślański (Polonia), y miembros de Europol destacados en ambos países, se han realizado 23 registros domiciliarios en varias provincias españolas y otros 28 en Varsovia (Polonia), en el transcurso de los cuales se han intervenido varios vehículos, dinero en metálico e importante documentación incriminatoria, que está siendo analizada por expertos policiales en la materia (todo tipo de soportes informáticos, terminales móviles y numerosos documentos de identidad para su posible uso fraudulento).
También, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda, se han realizado 60 inspecciones en establecimientos de comida rápida, durante los cuales se ha localizado a 26 ciudadanos pakistaníes en situación irregular.
JOT MARE
La operación se encuadra dentro del Proyecto «JOT MARE», un nuevo centro de inteligencia de Europol creado para luchar contra las redes de tráfico ilegal de inmigrantes que operan en el Mediterráneo, en colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea, y en cuyo equipo operativo participa España.
