La colaboración ciudadana permite la liberación de una menor que era obligada a ejercer la prostitución

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La víctima, durante un viaje en autobús entre Madrid y Pontevedra, relató a un ciudadano que, tras aceptar una oferta para venir a trabajar como modelo a España, había sido engañada cuando llegó a Madrid y obligada a trabajar en un club de alterne de la capital.

Agentes de la Policía Nacional, en el marco del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual y gracias a la colaboración ciudadana, han liberado a una menor que era obligada a ejercer la prostitución. La víctima, durante un viaje en autobús entre Madrid y Pontevedra, relató a un ciudadano que, tras aceptar una oferta para venir a trabajar como modelo a España, había sido engañada cuando llegó a Madrid y obligada a trabajar en un club de alterne de la capital.
La menor de edad se encontraba retenida por dos proxenetas en un piso cuando ha sido liberada por los agentes. Han sido detenidas tres personas de una red dedicada a traer jóvenes desde Sierra Leona a nuestro país para explotarlas sexualmente.

La investigación comenzó cuando un ciudadano se presentó en la comisaría de Policía de Marín (Pontevedra) para denunciar unos hechos que le había contado una joven unos días antes, durante un viaje en autobús desde Madrid hasta Pontevedra y que podrían ser constitutivos de delito. La joven le dijo que era de Sierra Leona y que había venido a España dos o tres meses atrás para estudiar y trabajar como modelo. Sin embargo, cuando llegó a Madrid fue recogida por una pareja que le retiró todas sus pertenencias y la encerró en un piso en contra de su voluntad, con la finalidad de explotarla en el ejercicio de la prostitución en un club de alterne de la capital.
La menor, de 17 años de edad, también le había dicho que por negarse a trabajar en el club la habían trasladado a Vigo para prostituirla y así devolver la supuesta deuda contraída con la organización en concepto de viaje y estancia, que ascendía a unos 60.000 euros.

Además, la joven, después del viaje en autobús, se había puesto en contacto con el denunciante a través de mensajería instantánea en la que le explicaba que cuando llegó a la ciudad gallega la esperaba una mujer, que la había trasladado a un piso y la tenía encerrada en una habitación. Aunque no sabía la dirección exacta donde se encontraba, sí le aportó varias referencias de lo que podía ver desde la ventana del inmueble.

Los agentes comenzaron a hacer gestiones para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, a través de las cámaras de seguridad instaladas en la estación de autobuses, observaron como en la fecha y hora indicadas en la denuncia, una joven de origen subsahariano era recibida por otra mujer y juntas abandonaban la estación.
Los agentes pudieron localizar el piso en el que se encontraba la víctima. Los policías entraron en el domicilio donde encontraron a la joven encerrada y procedieron a su liberación y a la detención de las dos personas, un hombre y una mujer.

La joven, tras recibir las primeras medidas de asistencia y protección, fue acogida por una organización integrada en la Red Nacional de Asistencia a víctimas de trata de seres humanos y relató cómo fue engañada para venir a España.

Los investigadores averiguaron que se trataba de una organización perfectamente estructurada, que contaba con captadores en los países de origen que localizaban víctimas entre los estratos más pobres de la población.
Otros actuaban como intermediarios y se encargaban de trasladar a las víctimas hasta los países de destino y de aleccionarlas sobre cómo tratar con la Policía en los controles fronterizos.

Concretamente en este caso, explicaron a la joven que si era requerida por la Policía, debía decir que tenía 18 años para que la dejaran entrar en España.

Dentro de esta red también se encontraban los explotadores, que recibían a las víctimas y se encargaban de obligarlas a ejercer la prostitución en clubes de alterne o en la vía pública. Estos últimos se convertían en verdaderos propietarios de las jóvenes, siendo los encargados de costear sus traslados, documentación y alojamiento y, también, los que cobrarían las deudas adquiridas por ellas, mediante su explotación sexual.