Se solicita una partida de al menos 150.000 euros para exhumaciones, la elaboración de un mapa de fosas comunes y la supresión de la simbología franquista
Pamplona, 14 de enero
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la abstención de UPN y el voto en contra del PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “consignar una partida presupuestaria de al menos 150.000 euros para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, por unanimidad, se emplaza al Ejecutivo Foral a “seguir trabajando por la Memoria y Reconocimiento de las personas que fueron asesinadas como consecuencia del Alzamiento de 1936 en Navarra”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno del Estado a “consignar una partida presupuestaria de al menos150.000 euros para la elaboración de un plan para la remoción y significación de simbología y monumentos que exaltan la dictadura franquista y para la elaboración de un mapa de fosas comunes, con el objetivo último de desarrollar un plan nacional de exhumaciones”. Este epígrafe, como el siguiente, ha prosperado con la abstención de UPN y el voto en contra de PPN.
Asimismo, se conmina al Ejecutivo central a “crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de Presidencia y una Agencia Interministerial que funcione como órgano de coordinación”.
Dicha Secretaría tendría como finalidad la “anulación de las Sentencias de Tribunales creados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Además, debería “facilitar el acceso a la Justicia a todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, fomentando, de paso, la “recuperación y aplicación de la jurisdicción universal en materia de derechos humanos y memoria histórica”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P Geroa Bai y enmendada junto a EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra da cuenta de la supresión asignación presupuestaria para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, algo que entiende supone “vaciar y derogar de facto” la norma encargada de establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, decisión de la que responsabiliza “a la mayoría absoluta del PP”, también en lo tocante a la subvención de 150.000 euros reservada para la Fundación Francisco Franco.
A ese respecto, el proponente recuerda que “la sociedad navarra lleva años trabajando por recuperar la memoria de las víctimas del 36, una labor desarrollada sobre todo por colectivos de familiares y muchas otras personas de manera desinteresada”.
Ya en el plano institucional, se recuerda que el actual Ejecutivo Foral “inició su andadura con un acto de homenaje a las 33 personas empleadas del Gobierno que fueron fusiladas durante la Guerra Civil”.
Y se apunta que la recién creada Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos “va a suponer un impulso definitivo al trabajo por la memoria, apoyo y reconocimiento a las víctimas del 36”.