Tras la firma del convenio de colaboración entre la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), la alcaldesa Manuela Carmena, ha atendido a los medios de comunicación.
Trescientas viviendas más para el parque inmobiliario de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que se destinarán a las personas más vulnerables de esta ciudad, es el acuerdo que se ha materializado hoy entre esta empresa del Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), María Serrano, y el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, han firmado este acuerdo ante la presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras.
Carmena, tras la firma del convenio, ha señalado que este convenio está en sintonía con la voluntad política del Ayuntamiento, «que quiere que todo el mundo tenga una vivienda, y que nadie se quede en la calle por no haber podido pagar sus correspondientes cuotas hipotecarias, o por los motivos que sean. Estas personas deben tener siempre un recurso habitacional».
La alcaldesa ha explicado que «la EMVS quiere contar con un gran parque de viviendas. Como ya se sabe, el anterior equipo de Gobierno vendió una parte muy importante del parque de viviendas con que contaba, y nosotros ahora estamos intentando proveer a esta empresa municipal del máximo número posible de viviendas, puesto que se necesitan para emergencias y para cubrir en general las necesidades de la ciudadanía más vulnerable».
Contrato de cesión de 8 años
Fruto de este convenio se ha rubricado, a continuación, un contrato de cesión, por ocho años de duración, en los que la EMVS gestionará estas viviendas a cambio de una contraprestación económica a Sareb. Al término del contrato se podrá prorrogar anualmente.
Por este acuerdo, la EMVS recibirá 150 viviendas vacías y un máximo de 150 ocupadas por familias vulnerables a las que hay que revisar y regularizar su situación de alquiler social. La contraprestación económica se cifra en 75 euros mensuales por vivienda ocupada y 125 euros por cada vivienda que se mantenga vacía. Además, se hará cargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de todos los gastos del contrato de gestión del alquiler.
Por su parte, Sareb pagará los seguros de cada vivienda, las cuotas de la comunidad de propietarios y realizará las reparaciones necesarias cuando tengan un carácter extraordinario. Además, las viviendas vacías tendrán un período de carencia de 3 meses en el pago mensual hasta que se solucione la ocupación de las mismas y de 6 meses en las viviendas ocupadas.
La EMVS comprobará que las viviendas vacías que recibe cumplen las condiciones adecuadas para su uso inmediato. En caso de que se tuvieran que acondicionar algunas de las viviendas, ambas sociedades aportarán un 50% del gasto siempre que no se superen los 5.000 euros/vivienda en total. Si este importe fuera mayor, Sareb sustituirá la vivienda afectada por otra que cumpla las condiciones de habitabilidad.
Nueva filosofía
La EMVS ha cambiado su filosofía y dirige sus actuaciones hacia los colectivos más desfavorecidos con nuevas ideas y proyectos que sirvan para solucionar el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid. La reorientación de la política municipal de vivienda apuesta por incrementar el parque público en alquiler, eliminando la venta y arrendamiento con opción a compra.
En diciembre del año pasado se realizó la primera adjudicación en alquiler de la legislatura: 403 viviendas de las que 324 fueron en régimen de arrendamiento general y 79 dentro del programa de arrendamiento para jóvenes.
Un cambio conceptual en el que afectados y afectadas por los desahucios, la violencia de género, los mayores en exclusión social o familias vulnerables se convierten en colectivos prioritarios a la hora de buscar soluciones habitacionales. Prueba de ello es que se priman los alquileres sociales que nunca supondrán más del 30% de los ingresos.
En definitiva, se recupera el carácter público de la empresa desde la concepción de la vivienda como un derecho social, tal y como lo concibe la delegada Marta Higueras que preside el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Para la primera teniente de alcalde es imprescindible trabajar para que «la vivienda sea, de facto, un derecho social.
La línea es conseguir que las familias madrileñas más vulnerables puedan acceder a viviendas dignas con rentas adaptadas a sus ingresos y vamos más allá estableciendo el acompañamiento social necesario para lograr un desarrollo personal».
