Acusado de acoso sexual y maltrato a refugiados, un trabajador del CETI de Melilla

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Un trabajador del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla ha sido suspendido de empleo y sueldo tras ser denunciado por acosar sexualmente y maltratar a migrantes y refugiados residentes en estas instalaciones.

La primera queja contra el funcionaro público se puso en conocimiento del director del CETI el 5 de octubre de 2015, cuando 78 internos presentaron un escrito denunciando prácticas abusivas de este asistente social. Constan asimismo dos casos de jóvenes sirios que refirieron haber sufrido tocamientos por parte del asistente social que, a cambio, les ofrecía agilizar los trámites para conseguir la ‘tarjeta verde’ el documento necesario para que los refugiados residentes en el CETI, donde pueden permanecer durante meses, puedan cruzar a la Península y entrar en el programa estatal de acogida e integración.

El Ministerio de Empleo asegura que se ha actuado con celeridad en este caso y explica que tras abrir un procedimiento interno que se ha saldado con la suspensión de empleo y sueldo del asistente social, se ha dado traslado a la Fiscalía de Melilla «ante la gravedad de los hechos».
El 19 de octubre la Secretaría envió dos inspectores a Melilla que se entrevistaron tanto con el asistente social acusado como con los refugiados y migrantes que le señalaban, el resto del personal del centro, su director y miembros de entidades que prestan servicio en estas instalaciones públicas (Cruz Roja, ACNUR y ACCEM) y otros residentes.

Finalizada esta primera fase el 23 de octubre, se analizó la información y el 11 de noviembre se decidió incoar expediente sancionador contra ese funcionario acusado de «una infracción muy grave» y otra «de carácter grave».

Los días 26 y 27 de noviembre los dos inspectores volvieron al CETI y de nuevo, se entrevistaron con denunciantes y posibles testigos y el 10 de diciembre dieron traslado del expediente a la Fiscalía de Melilla, que está ahora a cargo de la investigación de los ilícitos penales en que pudiera haber incurrido el asistente social.