La Policía Nacional ha desarticulado una organización de origen nigeriano dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres de su misma nacionalidad, liberando a cinco jóvenes víctimas que estaban siendo explotadas y con la detención de cuatro de sus miembros afincados en España.
Entre las cuatro personas que han sido detenidas en Barcelona –dos en Sabadell, uno en Montcada i Reixac y el último en Martorell-, se encuentra una de las máximas responsables, que, además, ejercía como «mami» teniendo el control absoluto de las víctimas.
La organización, que tenía conexiones en todos los países por los que transitaban sus víctimas desde que eran captadas en Nigeria hasta su destino final en España para ser explotadas, llevaría operando al menos desde 2004.
El resultado de la operación es fruto de un cruce de informaciones procedentes de dos investigaciones distintas realizadas por la Policía Nacional tanto en Barcelona como en Sevilla.
En el primer caso, agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos detectaron en Barcelona a una joven de nacionalidad nigeriana a la que identificaron como víctima de dicho delito y la cual, tras serle ofrecidas todas las medidas de protección previstas en la legislación, decidió acogerse a las mismas y denunciar su situación.
En su declaración, aseguró haber sido captada en Nigeria en 2004 por una organización que la llevó hasta Italia por vía aérea, desde donde viajó a Barcelona en tren y había sido recogida por una compatriota suya y residente legal en España, que se había encargado de su explotación sexual desde entonces.
Paralelamente, en Sevilla, otra joven nigeriana declaraba, tras acogerse también a las medidas de protección que se le ofrecieron, que había llegado a España con ayuda de la misma organización y que desde entonces había sido obligada a ejercer la prostitución en Barcelona bajo el control de la misma mujer que en el primer caso.
Los datos aportados por ambas mujeres en sus declaraciones coincidían en varios extremos, lo que llevó a los agentes a unificar las investigaciones, descubriendo una organización nigeriana dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, afincada en Barcelona y con conexiones en todos los países por los que desplazaban a las víctimas desde que eran captadas en Nigeria hasta que llegaban a su destino final en nuestro país, que llevaría operando al menos desde el año 2004.
Avanzada la investigación, los agentes localizaron a otras tres jóvenes que en esos momentos estaban siendo explotadas por la organización y que convivían con la «mami» en un piso de Barcelona, tal y como ocurría con las otras dos víctimas que ya habían sido liberadas por los investigadores y cuyos testimonios fueron fundamentales para el desarrollo de la operación.
Sometidas con rituales de brujería
La organización captaba a sus víctimas en su país de origen, Nigeria, y desde allí las trasladaba hasta España por vía aérea haciendo escala en otros países europeos o en Marruecos. Para ello utilizaban documentación falsa perteneciente a una tercera persona que residía legalmente en algún país de la Unión Europea.
Para doblegar por completo la voluntad de las víctimas, las sometían a rituales de juju o vudú: prácticas supuestamente mágicas o de brujería en las que se sacrifican animales y que se realizan a modo de pacto mediante entre la organización y la víctima. El tratante se compromete a organizar el viaje y financiar los gastos derivados del mismo y las mujeres prometen obediencia bajo la amenaza de su muerte o la de sus familiares, así como pagar la deuda y no acudir a la Policía ni delatar a los tratantes.
Una vez en el país de destino, en este caso España, las víctimas eran informadas del total de la deuda contraída con la organización y sometidas al ejercicio coactivo de la prostitución hasta saldarla por completo, siendo obligadas a ejercerla durante interminables jornadas de trabajo y, normalmente, en la vía pública.
Las víctimas eran controladas permanentemente por la «mami» o controladora, con la que compartían domicilio y que les marcaba las tarifas que debían cobrar por cada servicio sexual. Recaudaba diariamente todo el dinero obtenido por cada una de ellas, llegando a amenazarlas e incluso agredirlas físicamente si algún día no conseguían dinero.
La operación ha permitido la desarticulación de todo el entramado de la organización afincado en España, con la detención de cuatro de sus responsables y la liberación de cinco mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.
