El Gobierno ultima el lanzamiento de una campaña informativa dirigida a las empleadas públicas en la que da cuenta de su derecho a un traslado de puesto de trabajo por razón de violencia de género, una facilidad comprometida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que el BOE publicó el pasado 10 de diciembre.
La resolución establece el protocolo a seguir en caso de que una empleada pública víctima de violencia de género necesite un traslado «para hacer efectiva su protección, su derecho a la asistencia social integral o para recibir asistencia sanitaria» y fija como condición previa que la empleada se acredite como víctima de violencia machista, para lo que habrá de presentar una sentencia condenatoria del maltratador, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal, resolución judicial que acuerde medidas cautelares penales de protección o un certificado de haber recibido atención especializada por un organismo público competente en violencia machista.
En el folleto informativo que ha preparado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que se pondrá a disposición de todos los trabajadores de la AGE, se detallan estos requisitos así como las «cautelas» que debe cumplir la gestión de movilidades por razón de violencia de género en materia de intimidad y dignidad de las empleadas públicas, especialmente en lo relativo a la privacidad.
La solicitud se cursará ante el órgano competente que habrá de resolver en máximo 15 días si el traslado es dentro de un mismo ministerio o de 45 días si es interdepartamental, conforme explica a todos los empleados públicos ese díptico divulgativo que en breves fechas estará disponible en la intranet de la AGE y en todos los paneles informativos.
