El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del ‘caso Imelsa’, un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora.
El magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria nacional.
En su escrito, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.
Barberá, apunta el juez, era su superior jerárquica, como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal. Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.
Señala el juez, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.
El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.
