Castilla-La Mancha y ocho entidades han presentado distintos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos por los que se aprueban los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias e intercomunitarias, así como contra los planes de gestión de riesgo de inundación y contra el trasvase del Tajo-Segura.
Los recursos han sido planteados en los meses de marzo y abril. Uno de ellos, ha sido interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en contra del Real Decreto por el que se revisan los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental; Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil; Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Además, ha presentado un recurso indirecto contra el Real Decreto por el que se aprueban las normas reguladoras del Trasvase por el Acueducto Tajo-Segura.
Los recursos van también en contra de la aprobación de los planes de las demarcaciones de Galicia-Costa, las cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
En concreto, los litigantes son los representantes de la Plataforma para la Defensa del río Castril Siglo XXI; la Asociación de Polígonos y parques Industriales y Comerciales de Málaga y su Provincia; Netrobril; Hidroeléctrica del Cantábrico; Bacardí España; General de Galerías Comerciales; Netco Investment y Endesa Generación Anónima.
Además de en contra de los planes, o bien de su revisión, otros de los recursos contencioso-administrativos se han presentado en contra de los Planes de Gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía y las cuencas Mediterráneas Andaluzas.
