La Cámara insta al Gobierno de España a “derogar la legislación de excepción que permite las situaciones de desprotección y a investigar con rigor las denuncias”
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN, una resolución por la que la Cámara “rechaza rotundamente la práctica de la tortura e insta al Gobierno de España a derogar la legislación de excepción que permite la detención incomunicada y las situaciones de desprotección y, en todo caso, asegure el respeto a todos los derechos y garantías de las personas detenidas”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, también con el respaldo de PSN, la Cámara “toma en consideración los reiterados informes publicados por organismos como Amnistía Internacional o por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, así como las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español. En este sentido, emplaza al Gobierno de España a atender los principios establecidos en la Convención contra la Tortura y a cumplir la reiterada doctrina del Tribunal de Estrasburgo, que recomienda investigar con rigor todas las denuncias de tortura”. UPN y PPN han mantenido sus votos en contra.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Legislativo Foral “muestra su solidaridad con todas las personas que han sufrido torturas y malos tratos y exhorta al Gobierno de Navarra a investigar las denuncias realizadas por ciudadanos y ciudadanas navarras, así como a impulsar el reconocimiento y reparación de las personas que han sido víctimas de esas prácticas, al objeto de posibilitar la reconciliación y el compromiso de no repetición de estas situaciones”.
Por último, el Parlamento de Navarra “manifiesta su voluntad de que se respeten todas las garantías procesales en aquellos procesos judiciales donde la situación de incomunicación y los malos tratos hayan podido condicionar las acusaciones, especialmente en lo referente a los juicios que próximamente se van a desarrollar”.
El G.P. UPN ha presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, titulares de la iniciativa, tendente a instar al Gobierno de España a “introducir las mejoras normativas y prácticas necesarias para, conforme a las recomendaciones formuladas en los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, garantizar la observación rigurosa de lo previsto en el grueso de la legislación europea y española relativa a la salvaguarda de los derechos de los detenidos”.
Asimismo y “a la luz de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo”, se emplazaba al Gobierno de España a “adoptar las medidas necesarias para una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias de malos tratos y torturas que se produzcan”.
Además, se exhortaba al Ejecutivo central a finalizar, “en un plazo no superior a seis meses, la elaboración del II Plan Nacional de Derechos Humanos, donde se incluyan las medidas anunciadas por el propio Gobierno en respuesta al informe del CEPT (grabación audiovisual de la permanencia en dependencias policiales en régimen de comunicación, reconocimiento por médicos adscritos al servicio público de salud, etcétera)”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquieda-Ezkerra considera “necesario que el Parlamento de Navarra adopte los compromisos necesarios para reconocer y evitar la repetición de unas prácticas con las que, según se constata desde organismos como Amnistia Internacional o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT), el Estado español no tiene voluntad de acabar definitivamente, dado que, pese a las reiteradas condenas, mantiene los espacios de impunidad y de incomunicación y entorpece cualquier denuncia sobre esta realidad”.
Descendiendo a lo concreto, los proponentes dan cuenta de dos sentencias condenatorias falladas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ambas “por no investigar denuncias por tortura” y ambas interpuestas por dos navarros, Jon Patxi Arratibel y Oihan Ataun, a quienes se entiende justificado “amparar en su condición de víctimas de una realidad reconocida incluso por la Audiencia Nacional, cuyos jueces han llegado a considerar nulas declaraciones inculpatorias y autoinculpatorias realizadas en dependencias policiales”.
