La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado con un total de 128,8 millones de euros a siete empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos y a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) por fijar desde al menos 1996 los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados. Inflaban los precios en hasta un 51%.
La CNMC sanciona a cuatro directivos de empresas y de Fenin participantes en la conducta. Procter and Gamble, uno de los fabricantes, desveló esta actividad mafiosa a la CNMC mediante el Programa de Clemencia y se le exime del pago de la multa.
La CNMC considera que Arbora & Ausonia, (actualmente Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras, y Algodones del Bages, con la colaboración de Fenin, llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.
El cártel que sanciona la CNMC afecta a la distribución de pañales para incontinencia urinaria grave que financia el Servicio Nacional de Salud a través del canal farmacia. Se dispensan con receta y su pago solo es asumido en parte por el usuario final, dado que el resto se lo reembolsa la Administración.
Los fabricantes de pañales partícipes en la conducta habrían alcanzado acuerdos, a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) creado por Fenin, para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias.
Las empresas sancionadas fijaron los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (colegios oficiales de farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios) desde al menos diciembre de 1996 hasta junio de 2010.
Las empresas participantes habrían utilizado una estrategia de interposición de recursos administrativos y/o contencioso-administrativos frente a las licitaciones públicas convocadas por las autoridades sanitarias de distintas comunidades autónomas para adquirir y entregar directamente el producto a pacientes no hospitalizados (residencias de ancianos, centros de atención primaria). Con ello, perseguían mantener los ingresos competitivos que les genera su comercialización a través del canal farmacia.
