La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, tras la propuesta del comité técnico que coordina actuaciones para la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la Posguerra, ha acordado 37 nuevas acciones en municipios andaluces, tal y como recoge este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En un comunicado, la Consejería de Cultura, de la que depende esta dirección general, ha explicado que realizarán indagación, localización, exhumación e identificación genética, si procediera, en San Fernando; Castro del Río, Guadalcázar, Lucena y Monturque (Córdoba); Cúllar Vega y Padul (Granada); Campofrío y Nerva (Huelva); Alfarnate, Cártama, Colmenar y Villanueva de la Concepción (Málaga); y en Fuentes de Andalucía, Guadalcanal y Palomares del Río (Sevilla). También acometerán acciones de exhumación e identificación en Marmolejo (Jáen), Álora (Málaga) y Camas (Sevilla).
Estas actuaciones específicas se llevarán a cabo en colaboración con familiares directos de víctimas, entidades memorialistas y ayuntamientos, todos ellos, además, solicitantes de las intervenciones en la mayoría de los casos; de la misma forma que en algunos la Consejería contará además con el apoyo económico de las diputaciones.
Por otro lado, la Consejería de Cultura ha autorizado el inicio de los trámites que pudieran permitir la identificación genética de restos encontrados en fosas ya exhumadas anteriormente o en otras cuyos trabajos comenzarán en las próximas semanas.
Este proceso, además, se ve «fortalecido» tras la reciente firma de un convenio entre las Consejerías de Cultura y Salud y la Universidad de Granada por el que se ha acordado la creación de un Banco de ADN andaluz que permitirá la centralización de las muestras obtenidas de víctimas de la Guerra Civil española y la represión franquista y sus familias, así como las labores de identificación, siempre y cuando sea posible técnicamente.
A partir de la publicación de este anuncio, los familiares, ayuntamientos e interesados dispondrán de diez días para manifestar las alegaciones que consideren oportunas ante la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.
Con el inicio de estos trámites, «la Junta de Andalucía da un nuevo paso importante en las políticas de Memoria que promueve desde hace más de 15 años», ha subrayado la Consejería, que ha añadido que «la reparación a las víctimas y sus familiares uno de los pilares fundamentales de su compromiso».
Así se establece también en la futura Ley de Memoria Democrática de Andalucía, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, una norma que asume las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) en relación al informe elaborado por su Comité de Desapariciones Forzadas.