La familia Cierco, sigue escudándose negligentemente en las actuaciones del Principado de Andorra, que no ha querido reconocer los daños causados por su intervención a BPA, y el robo brutal de 365 millones de euros a miles de clientes.
A un año y medio de la ilegal intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), la tensión persiste y el Gobierno andorrano no puede respirar aliviado, pues la amenaza de una cuarentena financiera está vigente ante las secuelas del escándalo y los daños patrimoniales que sufrieron personas inocentes, pues no se tuvo la capacidad de gestionar y darle una solución rápida a los clientes que aún luchan por lograr recuperar su capitales, y que no se dan por vencidos, e irán más allá para que se les compense por las afectaciones colaterales sufridas.
Los accionistas mayoritarios del banco, la familia Cierco, siguen escudándose negligentemente en las actuaciones del Ejecutivo del Principado específicamente del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), que no ha querido reconocer los daños causados por su intervención a BPA, y el robo criminal de 365 millones de euros a miles de clientes.
La lucha por la vía judicial de los clientes estafados, que se han aglutinado en una gran plataforma, asesorados por reconocidos despachos de abogados, sigue en pie y crece cada día. Como una bola de nieve amenaza con desacreditar y darle herramientas a las calificadoras internacionales para dañar aún más la imagen y las finanzas del Gobierno de Andorra, vapuleado por la prensa nacional e internacional.
El frustrado plan del Gobierno de Andorra que encabeza Antoni Martí, para sacar a flote a BPA, ha ocasionado que los actuales proveedores del software, la estadounidense IBM, que regula las transacciones bancarias, depósitos, traspasos y retiros, se niegue a renovar la licencia de los servicios que presta, lo que dificulta aún más que los clientes afectados puedan recuperar su dinero a corto plazo.
Y no se descarta que otras empresas de software que ofrecían servicios adicionales a BPA le imiten, lo que colapsaría aún más su operatividad e incrementaría la complejidad de la gestión pública de la entidad.
Ahora surgen las dudas sobre la solvencia del Principado, situación que ha generado la paralización de la operatividad financiera de BPA, frenando al mismo tiempo el traspaso de sus activos al nuevo VallBanc.
A esto se le suma que debido a la ineficiencia, omisiones y burocratismo del Ejecutivo andorrano, que prometía un plan para resolver el problema, se han encendido de nuevo las alertas de la calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P), que desde marzo del año pasado le había rebajado el rating con una pésima calificación.
Asimismo, las conclusiones de la auditoría que PwC realizó desde el momento en el que se intervino la entidad, que no se han dado a conocer por las discrepancias en sus resultados que han surgido, han manchado de estiércol al Gobierno de Martí, que ya no ve lo duro sino lo tupido.
La tradición se rompió al vulnerar la protección de los ahorradores. Los clientes, con sus cuentas bloqueadas desde el inicio de la intervención, han visto con impotencia, cómo los números que identificaban sus ahorros en el banco (cuentas numeradas), el gran atractivo del sistema financiero andorrano, fueron cambiados por sus nombres y apellidos por orden de la juez instructora.
Finalmente, el plan de reestructuración que diseñó el Ejecutivo a través de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), también se fue a la basura, pues su ejecución está llena de muchas trampas y dudas.
