Ahondan heridas, secuelas de la intervención de BPA, II

0
PRUEBA

El Gobierno de Andorra se alisto para dar el último golpe de su criminal plan, al ultimar la venta de la nueva entidad financiera denominada Vall Banc, el negocio “legítimo” de Banca Privada de Andorra (BPA), en una subasta pública que entro en su fase final el pasado mes de abril.

Mientras tanto Antoni Marti anuncio que su gobierno se encuentro preparado para desbloquear las cuentas de los miles de clientes fuera de sospecha de Banca Privada de Andorra (BPA) que se vieron afectados por la entidad hace casi dos años, y de paso se preparó para abrir la plaza financiera del Principado a nuevos bancos internacionales.

Estados Unidos denunció en marzo de 2015 que BPA ofrecía servicios de blanqueo de capitales para mafias internacionales del crimen organizado, lo que llevó a las autoridades andorranas a tomar el control de la firma, sin embargo, doce meses después BPA salió limpia -por lo que Estados Unidos tuvo que retirar la temible alerta-, pero miles de cuentas no fueron descongeladas.

Paralelamente la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el organismo que Andorra creó para el rescate bancario, recibieron dos ofertas por Vall Banc de parte de firmas internacionales en ambos casos. Se trató de los fondos de inversión estadounidense J.C. Flowers y del británico Socrates Capital.

El plan del Gobierno andorrano ahora es abrir la plaza financiera andorrana –hasta hoy dominada por una mafia de banqueros locales– a firmas internacionales que ayuden a reforzar la confianza de inversores, clientes y autoridades, perdida en tan solo unos meses para perjuicio del Principado.

La premisa con la que AREB trabajo es la de “seleccionar la oferta ganadora que suponga el uso más efectivo de los recursos públicos y sea idónea para los intereses de los futuros clientes y empleados de Vall Banc”, dijo en su momento el propio organismo en un comunicado.

La ilegal intervención fue provocada por sus débiles controles anti blanqueo de capitales y el alto nivel de corrupción de los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) encabezada primeramente por los hermanos Higini y Ramón Cierco, y hoy por los ladrones con saco y corbata, Alexandre Saura y Fernando Vázquez de Lapuerta.

Jordi Cinca, ministro de Finanzas de Andorra, mintió descaradamente cuando dice que “después de unos meses de mucha tensión, se tuvo la capacidad de gestionar y se ha devuelto la tranquilidad”, pues aún hay miles de clientes que no han podido recuperar sus ahorros y se les niega toda información sobre las mismas.