El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado que un trabajador del centro de Sansohetta podría estar implicado en el caso de la red de prostitución en la que al menos 5 menores entre 15 y 14 años residentes en pisos tutelados por la Diputación alavesa habrían sido inducidos a la prostitución. Así como un psicólogo que hacía valoraciones de adopción esporádicas para el ente foral, pero que trabajaba de forma privada.
La Ertzaintza y el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria están investigando la trama. Por el momento ha ingresado en prisión preventiva un psicólogo que trabajaba de forma ocasional para la Diputación y un monitor del centro de menores Sansoheta, donde surgieron los primeros indicios de esta presunta trama, y que ha sido apartado de sus funciones ante la sospecha de que también podría estar implicado.
La diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, ha compadecido este sábado ante la prensa. A pesar de que el la investigación está bajo secreto de sumario, la gravedad del mismo requería una explicación pública.
Artolazabal informaba que las alarmas saltaron cuando una menor residente en Sansoheta comunicó a su tutor legal que había ejercido la prostitución con anterioridad en varias ocasiones. La posterior investigación interna determinó que no sólo esta menor, sino al menos otros cuatro chicos y chicas acogidos en Sansoheta.
Se presentó por parte del organismo, denuncia ante la Ertzaintza en nombre de esos cinco menores y se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava.
Se trata de adolescentes que sufren problemas e conducta graves y que acarrean, según describió la responsable foral, “vivencias muy duras”. La Diputación alavesa adoptó también posteriormente distintas medidas protectoras hacia los menores, que se encuentran en régimen abierto, tanto educativas como psicoterapéuticas y sanitarias.
La investigación del caso tratará de determinar cómo la única persona que hasta la fecha se encuentra en prisión habría entrado en contacto con los menores, ya que la Diputación “nunca” los derivó a su consulta privada. También, qué grado de implicación en esta presunta red habría tenido el monitor apartado, cuya situación procesal se desconoce.
Además, catorce personas, tanto menores como profesionales, han declarado ante el juez para esclarecer este caso y se investiga si además de la prostitución se han aprovechado los encuentros para producir pornografía infantil.
