El bloqueo de cuentas a miles de clientes de todo el mundo, fue una acción cien por ciento ilegal.
En una acción cien por ciento ilegal y criminal, el gobierno de Andorra bloqueó las cuentas bancarias de 27 mil clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA), tras una denuncia presentada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos por la presunta vinculación de algunos clientes con el lavado de dinero del crimen organizado procedente de China, Rusia y Venezuela, acusación que fue retirada en marzo pasado.
Sin embargo, a pesar que Estados Unidos renovó el reporte como positivo un año después, los accionistas de BPA, encabezados por los hermanos Higini Cierco Noguer y Ramón Cierco Noguer, se negaron a descongelar las cuentas con la sospecha que querían vender la entidad a precio de oro, ya que si liberan dichas cuentas habría una fuga masiva de capitales con la consecuente quiebra de BPA y sus filiales.
Tras la acusación y luego de un año de investigación, BPA salió limpio al no encontrar evidencias claras de que hubiera blanqueo de capitales en el banco, y aunque desde un principio el gobierno de Andorra aseguró que los depósitos y la solvencia del banco no estarían en riesgo durante la intervención, lo cierto es que se vieron afectados miles de cuentas de clientes de todo el mundo.
Los afectados interpusieron demandas individuales y colectivas, a través de despachos como el Cremades-Calvo Sotelo, y aseguraron que los actuales directivos no son la policía ni el gobierno para determinar el congelamiento de las cuentas y condicionarles el retiro tope de ridículos 2 mil 500 euros en efectivo semanales, sin poder disponer de la totalidad de sus ahorros que por derecho les corresponde.
La historia sobre la intervención de BPA tomo un giro inesperado cuando, por primera vez, los propios clientes decidieron exigir responsabilidades legales a la Administración andorrana por su gestión en la liquidación de la entidad, pues según el informe, solo se detectaron tres clientes irregulares, lo que resulta irrelevante para proceder a la congelación de miles de cuentas.
La agencia estadounidense contra el blanqueo FinCen retiró la nota emitida en marzo del año pasado por la cual se activó el protocolo 311 y se dio inicio a la intervención de BPA y de Banco Madrid, su filial española. Sin dar más explicaciones de que BPA ya no era una amenaza para el sistema financiero, los reguladores dieron carpetazo a un dramático caso, en el que se mantuvo la incertidumbre de los clientes de saber qué ocurrirá con sus ahorros.
La querella, que podría prosperar positivamente y a corto plazo – según expertos en derecho internacional, es contra el Principado de Andorra por el desmantelamiento de uno de los bancos más importantes del país sin justificación aparente, al que le reclaman 366 millones de euros.
Desde el principio, la respuesta del Gobierno andorrano fue completamente arbitraria y sus medidas desproporcionadas, ya que no contaba con una Ley de intervención bancaria y en tan sólo cinco días se creó un decreto para bloquear todos los depósitos. Independientemente de la nota del regulador estadounidense, el cual nunca dio explicaciones sobre la base de sus conclusiones.
Otra anomalía en la toma de control de BPA fueron las conversaciones previas a la nota entre el FinCen y los reguladores andorranos. Según los demandantes, este comunicado nunca debió emitirse y menos aplicarse. En varias ocasiones se ha solicitado a la Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) que muestre el contenido de dichas comunicaciones, sin embargo, el organismo se ha negado.
Los damnificados exigen explicaciones sobre por qué una entidad que cumplía con todas las normas y protocolos a nivel nacional y europeo fue intervenida de la noche a la mañana y bloqueado arbitrariamente todo el patrimonio de sus particulares.
Esta actuación tan agresiva que violó el derecho constitucional a la propiedad privada, ha puesto en riesgo tanto la imagen como la credibilidad de un país como Andorra. Lo cierto en este calvario financiero, es que estos ‘bandidos’ han arrastrado a los clientes a un precipicio sin fondo, pues una gran cantidad de inversionistas y empresarios han perdido todo su patrimonio, como casas, negocios y propiedades, y muchos han llegado hasta el suicidio, ante la insolvencia y la frustración de no poder recuperar su dinero
