Las investigaciones sobre el caso se están llevando a cabo bajo secreto de sumario y las noticias que trascienden son pocas. Por el momento se sabe que se ha detenido a seis personas por su presunta implicación en la red de prostitución formada con menores tutelados por la Diputación alavesa, se trataría, según las informaciones, de clientes que habrían pagado a los jóvenes para mantener relaciones sexuales con ellos.
Lo que se sabe hasta ahora
La Ertzaintza comenzó a investigar esta presunta trama después de que el pasado 6 de octubre la Diputación alavesa interpusiera denuncia al conocer que en una tutoría en Sansoheta una menor había contado que desde hacía un tiempo ejercía la prostitución fuera del centro.
Previamente, los técnicos del Servicio foral del Menor comunicaron el pasado mes de abril «tanto a la Policía, como la Fiscalía y la autoridad judicial» la denuncia presentada por la madre de un menor residente en el centro de Sansoheta con «sospechas de posibles contactos sexuales», pero la investigación de la Policía Local «no llegó a ningún sitio», ya que «no pudieron comprobar las sospechas», según las explicaciones que ha dado el diputado general de Álava, Ramiro Gonzalez.
Los Servicios de la Diputación de Álava «siguieron esta situación, tanto en el plano de la investigación policial como en la atención al menor», aunque el protocolo con el menor que fue «tremendamente complicado de seguir» porque se ausentaba del centro «con frecuencia». Según explicaba Gonzalez «ni siquiera, la Diputación de Álava tiene la tutela de ese menor», que pertenece a su madre.
La primera denuncia de abril, que sí conocieron los técnicos del instituto foral, no fue puesta en conocimiento de la diputada foral de Servicios Sociales de Álava, Beatriz Artolazabal, hasta el pasado octubre.
Las investigaciones ordenadas por el Juzgado número 2 de Vitoria, concluyeron en primer lugar con la detención de un psicólogo que había trabajado para la Diputación como asesor independiente de los padres que acudían a los servicios sociales por problemas con sus hijos, pero que nunca trabajó con los menores directamente. Se sospecha que en su relación con los progenitores captaba los datos de los chicos para localizarlos después. El pasado 4 de noviembre por esta causa, tras declarar ante el juez, se ordeno prisión preventiva bajo acusación de abusos sexuales.
Uno de los monitores del centro Sansoheta fue nombrado por los menores en el inicio de la investigación policial, fue apartado del servicio pero finalmente no ha resultado imputado.
Ahora se tiene conocimiento que de ya serían nueve los menores que ejercían la prostitución al auspicio de esta red, y seis los adultos relacionados con la trama.
La Asociación Clara Campoamor se ha personado este lunes como acusación popular en la causa y ha asegurado que cuando se levante el secreto de sumario hará hincapié en la necesidad de que la investigación se dirija también a descubrir la identidad de los clientes que son «los verdaderos delincuentes».
Por su parte la ONG Save the Children ha solicitado que se garantice la protección de los menores y ha advertido de que «la prostitución de menores es una de las expresiones más graves de violencia hacia la infancia».
En este sentido, la responsable de Save the Children en Euskadi, Eva Silván, ha solicitado que se esclarezca cuanto antes lo ocurrido y que, mientras eso ocurre, «se garantice la máxima protección y atención a los menores afectados».
