Los hermanos Cierco, bandidos disfrazados de traje y corbata. Con el temor que el secreto bancario no existe en Andorra, y no se puede confiar en la banca y tampoco en su gobierno, el escándalo de la intervención ilegal de BPA, sienta un mal precedente para que, en el futuro, los inversionistas de todo el mundo encomienden sus capitales a entidades más seguras.
Aunque la condición de paraíso fiscal desapareció en 2011 cuando el Gobierno del Principado de Andorra comenzó a firmar acuerdos bilaterales de intercambio de información con otros países, eso no fue el soporte suficiente para proteger las cuentas de miles de clientes que confiaron sus ahorros a la hoy desacreditada entidad financiera, cuyo capítulo de terror empezó con el juicio y encarcelamiento de su director general, Joan Pau Miquel.
Andorra han admitido a trámite una querella criminal presentada por el gobierno andorrano encabezado por Antonio Martí, contra el exconsejero delegado de BPA Joan Pau Miquel – quien se encuentra en prisión desde el 15 marzo del año pasado, por haber cobrado presuntamente sin declarar cerca de 15 millones de euros de la entidad.
La situación real de BPA, de acuerdo a un informe de la auditoria PwC, es que el banco tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales, lo que supone apenas el 3% del total, y que representaban un volumen de negocio de unos mil millones de euros, el 19 % de la entidad. Por lo que la intervención fue solamente una maquiavélica estrategia que ha culminado en un episodio de descrédito y repudio global.
Los expertos reiteran que la nota del FinCen de marzo de 2015 “nunca tenía que haber llegado y nunca se tenía que haber intervenido BPA”, porque la presunta actividad irregular de algunos clientes de BPA no puede extender la sospecha a todos”.
El escenario catastrófico que le espera a BPA en caso de perder la demanda ante cientos de clientes, es la salida masiva de importantes inversionistas, por la sombra de su mala reputación que ya se ha creado y su inminente quiebra. La demanda incluye también al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND) y a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB).
Este grupo de estafados considera que no se ha protegido sus intereses ni el secreto bancario, y que no se ha garantizado su seguridad jurídica para recuperar sus inversiones robadas por los altos directivos de BPA, donde sus accionistas mayoritarios fueron los hermanos Cierco, a pesar que el fraude fiscal dentro de la entidad quedó descartado.
“Los verdaderos criminales están dentro de la misma entidad bancaria”, han señalado los clientes timados, que se han organizado para emprender una cruenta batalla contra la mafia de pillos disfrazados de traje y corbata.
La estrategia para consumar la mayor estafa que se tenga memoria en la historia de la banca mundial, es liquidar BPA, tras ser retiraba de la lista negra de Estados Unidos, al considerar que ya no opera de manera que suponga una amenaza a su sistema financiero, para enseguida traspasar los activos del resto de los clientes, que no son considerados tóxicos, al nuevo banco (Vall Banc).
Finalmente, el despacho Cremades & Calvo Sotelo, que colabora con la plataforma de afectados que ha presentado la demanda, asegura que este periplo se debe a un mal funcionamiento de las administraciones públicas, en este caso de las de Andorra, que han dejado desprotegidos a los clientes de BPA y a merced de mercenarios financieros que han resultado peores que los “lobos de Wall Street”.
