Sin importarle en lo absoluto que por su naturaleza fiduciaria, tiene un preponderante deber con sus depositantes y acreedores que confiaron sus activos por más de 58 años y a los que debe responder con celeridad frente a los inconvenientes que surgieron, a casi dos años desde que la División de Crímenes Financieros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) la acusó de estar involucrada en actividades de “lavado de dinero internacional” y tener vinculación a organizaciones criminales rusas y chinas, la Banca Privada de Andorra (BPA) mantiene atados los fondos de sus depositantes y los casos no están siendo atendidos.
La siniestra vinculación de BPA al presunto blanqueo de capitales, dejó por los suelos la reputación de la hoy cuestionada entidad bancaria, que generó total desconfianza entre los ahorradores, lo que propició una ola de retiros masivos en las diversas entidades y filiales en todo el mundo. Para frenar esta acción, BPA limitó el retiro a los clientes a 2 mil 500 Euros por semana en todas las cuentas, lo que se considera una ilegalidad.
La realidad es que BPA nunca salvaguardó los intereses de sus depositantes que siguen corriendo peligro y cada vez se hace necesario proceder con la toma del control administrativo y operativo que se lleva a cabo desde el 10 de marzo del 2015.
Como consecuencia del intenso golpeteo mediático que se generó, los depositantes del BPA respondieron, como era de esperarse, con ansiedad y desconfianza frente a las informaciones que vertieron y que acabó con la reputación de la banca la cual quedó desligada completamente del sistema financiero internacional, que le retiró el respaldo en sus filiales en todo el mundo. Al sufrir la salida de importantes clientes, tuvo que fusionarse con Vall Banc para evitar su inminente quiebra.
Ahora su pisoteada reputación le ha valido perder la confianza y convertirse en una amenaza para las grandes fortunas y clientes con altos patrimonios que se vieron atraídos por el cobijo financiero que supone la protección del secreto bancario con cuentas offshore, mismo que BPA nunca respetó.
Lo inadmisible de este caso, es que los clientes que pasaron la exigente auditoría que PwC realizó para decretar qué cuentas eran sospechosas de blanquear capitales y cuáles no, y a la postre han sido migrados a Vall Banc, después de 20 meses continúan teniendo problemas para recuperar sus ahorros que ya fue demostrado por el Gobierno de Estados Unidos que son legales.
Los ejecutivos de Vall Banc, dan pocas respuestas a los afectados y no pueden ofrecer garantías para vender sus activos. Ni siquiera se pueden traspasar a otras entidades del Principado, ya que el bloqueo de la actividad se aplica a todo tipo de operaciones. Les comunican que por ahora no podrán vender los títulos o bonos, entre otros, que compraron en la etapa de BPA, y se les insta a regresar cada mes a las oficinas para reiniciar la operación, lo cual resulta un vil engaño.
El problema de fondo es que Vall Banc empezó a operar sin entidades que actuaran de corresponsal. El Ministerio de Economía, encabezado por Jordi Cinca, y la AREB tuvieron problemas para encontrar una entidad que ejerciera ese papel antes de iniciar la migración de activos y eso provocó el retraso del plan de resolución de BPA.
El tiempo jugó en su contra, por lo que optaron por adjudicar el nuevo banco e iniciar la actividad, derivadas del plan de disolución de BPA y apostaron a solucionar sobre la marcha los problemas colaterales provocados. Con todo, ningún responsable del nuevo banco del Principado se ha responsabilizado a fijar una fecha para ello.
La “gran solvencia” de la banca andorrana que era de un 22% frente al requisito internacional del 10,5%, quedó mostrado que nunca fue alivio de los ahorradores, y a pesar de haberse instaurado por parte del Gobierno español, la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), ésta tampoco ha hecho nada para revisar los casos de los depositantes en Europa.
Al final ni el propio Gobierno de Andorra, con un presupuesto de 400 millones de euros, no fue capaz de salir al rescate del sistema financiero o de actuar como último prestamista para evitar una crisis de liquidez que arrastró en la desconfianza y el descrédito a su principal filial, el Banco de Madrid, adquirido en el 2011 por BPA.
Se sabe que el pequeño principado de Andorra ha sido desde 1957 un paraíso fiscal que contribuye sustancialmente a la economía europea gracias al secreto bancario de su jurisdicción aunada a una política de impuestos que son muy bajos y en determinados casos, incluso inexistentes para algunos bienes o servicios.
Desde sus inicios BPA surge brindando atractivos servicios bancarios a los clientes de todo el mundo, bajo su concepto de paraíso fiscal, por medio de la apertura de cuentas en múltiples divisas, competitivas tasas de interés, fideicomisos y otros más beneficios que llamaron la atención de cientos de ahorradores que vieron Andorra como destino para diversificar sus activos, sin saber que vivirían la peor de sus pesadillas.
