Luego que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cerró el caso contra el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, Nervis Villalobos, que se encontraba acusado por supuesto blanqueo de capitales, que fue la base para la liquidación del Banco Madrid, y la reciente exoneración del exconsejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel, el pasado 16 de enero, tras pasar 22 meses de prisión preventiva, una a una se les caen las acusaciones al Gobierno español en el “Caso BPA”, porque siempre carecieron de fundamentos y se refuerza la teoría que todo se trató de un complot financiero, llevado a cabo a través de una red de complicidades.
Ante estas pifias tanto de las autoridades andorranas como del gobierno de Antonio Martí, la Plataforma de Afectados por BPA, ha desplegado la artillería pesada para contraatacar a la Banca Privada d’Andorra, Vall Banc y el Ejecutivo andorrano, para lo cual varios bufetes de abogados trabajan ya en la elaboración de las denuncias masivas para reclamar el regreso de sus capitales que aún se encuentran “congelados”, así como las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios. Está muy claro la actitud irresponsable de Vall Banc, que no les permite acceder a su dinero que tenían en BPA, con el beneplácito del Gobierno de Andorra, una triada que ha sido nociva para el sector financiero español y que sienta un mal precedente en la historia de la Banca mundial.
No es coincidencia que apenas el pasado mes de enero Andorra y España comenzaran a intercambiar información sobre cuentas bancarias, y que hacienda empezara a comprobar los datos bancarios de los miles de clientes que tienen ahorros en Andorra.
Lo cierto es que la regularización de cuentas debió hacerse antes del 31 de diciembre del año pasado, por lo que a partir de ahora los afectados pueden ser sancionados por Hacienda si no prueban la procedencia del dinero. La pesadilla que inició hace dos años, parece interminable para ellos, ya que muchos datos los tenía la propia BPA y, en otros, resulta complejo encontrar a alguien con quien analizar la situación punto por punto.
La entrada en vigor el pasado 1 de enero del convenio de intercambio automático de información firmado con el Gobierno español, ha provocado un auténtico caos a miles de españoles que tienen cuentas en la antigua BPA, y que permanecen bloqueadas por el Ejecutivo local. A la fecha, se trata de más de 2 mil 500 personas -la mayor parte españoles- de quienes la justicia andorrana aún mantiene sospechas, pero que los auditores de PricewaterhouseCoopers (PwC) no han podido comprobar en una sola cuenta.
Aún con todo el vendaval que se avecina, el Ejecutivo andorrano sigue empeñado en impedir que las cuentas puedan traspasarse a Vall Banc, que fue quien percibió los activos sanos de BPA. La Plataforma de Afectados, a través de su portavoz Gema Martínez, ha denunciado que son muchos los clientes que, al intentar ponerse al día con la hacienda española, no pudieron hacerlo pues no tenían liquidez para poder pagar la regularización antes del 31 de diciembre pasado. Esto ha obligado a muchos clientes que tienen ahorros en Andorra a efectuar donaciones de sus cuentas a fundaciones, ONG’s o familiares.
Y en una acción totalmente ventajosa el fondo buitre J.C. Flowers, propietario de Vall Banc, aprovecha la situación para hacer negocio, al ofrecer financiación a todas aquellas personas que necesitan el dinero para ajustar cuentas con la “justicia”.
La situación es bastante compleja, el traspaso de cuentas no puede hacerse directamente ya que es el banco quien actúa como responsable jurídico en la compra de bonos y valores, y luego hace la distribución interna en torno a sus clientes.
La espera se vuelve desesperante ya que mientras el AREB ha permitido el traspaso de la mayor parte de las cuentas, Vall Banc ha optado por no atender a los cerca de tres mil clientes y desestimar la problemática, al grado de ignorar las cartas y las llamadas de miles de afectados. Por su parte el Ejecutivo de Andorra todavía no ha sido capaz de dar una fecha concreta; pareciera que no tiene la más mínima intención de que se aclare la situación.
Aunque muchos afectados ya han probado la procedencia licita del dinero, el Gobierno de Andorra insiste en impedir traspasos a la entidad que asumió los activos de BPA, por lo que su intervención para garantizar la continuidad de la operativa de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana, resultó una total farsa.
Desde el comienzo, el caso careció de sustancia procesal al estar fundamentada únicamente en una información publicada por un periódico español, que tiempo después admitió que dicha información era errónea y la retiró de sus archivos digitales.
