El ejecutivo del Principado, no ha podido devolver la confianza en el sector financiero, después que la banca andorrana vivió su momento de mayor dificultad…
Con una baja aprobación -casi en el límite- la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) mantiene el rating de la deuda a largo plazo de Andorra en BBB- con perspectiva estable, lo que no es una buena noticia, luego de la crisis bancaria vivida en los dos últimos años, que se vería agravada con el acuerdo de intercambio automático de información fiscal que entró en vigor el pasado 1 de enero, contrario a lo que piensan muchos analistas financieros.
Sin contar que la banca andorrana cerró el ejercicio 2016 con un beneficio neto atribuido de 156 millones de euros, un 7% menos que en 2015, y un volumen total de recursos gestionados de 45.514 millones, un 0,7% más que el año anterior.
El sector financiero andorrano, que conforman las entidades Andbank, Grup Credit Andorra, Mora Banc, Banc Sabadell d’Andorra y Vall Banc, operó en el último año en un entorno negativo que afectaron al margen financiero, así como de costes crecientes derivados de la adaptación al nuevo marco normativo del sector bancario europeo.
El hecho de que el caso BPA haya perjudicado al sistema bancario del país pirenaico, la homologación con las prácticas internacionales representará un reto para la competitividad del sector financiero a mediano plazo. La agencia ha matizado nuevamente que la calificación del país se vería perjudicada en el caso de que los procesos legales derivados del asunto BPA repercutieran en unos costes por compensaciones a cargo del Gobierno, que podrían ascender hasta 360 millones de euros, casi el presupuesto anual del Gobierno.
El incremento del 1% del PIB durante el 2016, como resultado de la pulverización del sistema financiero, y la perdida de mercados clave para Andorra, como es España, así como las fracasadas negociaciones con instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, sólo han acrecentado el miedo de los inversionistas extranjeros que han dejado de ver la plaza como algo atractivo.
La banca de Andorra vivió su momento de mayor dificultad hace dos años, cuando fue intervenida la BPA por el gobierno, después de que Estados Unidos anunciara que investigaba a la entidad por canalizar supuestamente fondos del crimen organizado. Sin embargo, la serie de medidas impulsadas por el ejecutivo del Principado, no ha podido devolver la confianza a este sector, que supone aproximadamente el 21% del PIB del país.
Se sabe que las entidades tienen todo este año para identificar a todos los clientes con saldos de más de un millón de euros y un año más para registrar al resto, dejando en manos de las autoridades qué hacer con los clientes que rehúsen facilitar la información requerida. En el primer semestre de 2018, Andorra comenzará a remitir anualmente la información al resto de países sobre el ejercicio vencido.
El impacto que puede tener el intercambio automático de información en volumen de clientes sería negativo, ya que las últimas cifras de la Agencia Tributaria, de cierre de 2015, muestran que desde 2012 el patrimonio de los españoles en Andorra ha caído en 700 millones de euros.
Por otro lado, el madrileño César Goyache, luego de ser fichado por el Gobierno de Andorra para liderar el nuevo organismo de resolución de entidades financieras, AREB, creado ex profeso tras el escándalo BPA, descalifica a priori a la plaza financiera andorrana, cuando afirma que BPA era un problema sistémico, en grado máximo, por representar el 20% de su banca.
