Comunicado. Pese a que la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), institución creada para dar respuesta a la situación de la Banca Privada d’Andorra (BPA), asumió la tutela de la entidad intervenida, no ha sido capaz de preservar el máximo valor de la institución, por el contrario, han actuado a medias, ya que solo ha finiquitado la liquidación del banco, pero no ha podido depurar las responsabilidades ni recuperar los ahorros de los clientes.
Más de dos años después del fatídico 10 de marzo de 2015, quedan muchas incógnitas por resolver y la comisión especial está lejos aún de emitir conclusiones asertivas sobre lo que pasó y lo que hay que hacer para que no vuelva a repetirse este negro episodio, mientras clientes y trabajadores pagan un alto coste por las farsas e ineptitudes del Gobierno de Andorra para resolver esta crisis.
El hoyo sigue profundizándose; a partir del 1 de enero los clientes de Vall Banc “no regularizados” no pueden retirar dinero en efectivo, sólo pueden disponer de sus depósitos a través de instrumentos financieros como transferencia o cheques. La entidad bancaria “sana” ha limitado para el resto de clientes las retiradas de efectivo a 250 mil euros anuales.
Lo cierto es que la medida adoptada por Vall Banc con la connivencia de los órganos administrativos del Principado – AREB e INAF – está encaminada a dificultar cualquier retirada de depósitos y de esta forma retener el dinero de clientes extranjeros que se encontraron en medio de la crisis de BPA. En tanto la disposición para que los “no regularizados” no puedan acceder a efectivo, parece una medida para dificultar la salida de capitales debido a las grandes cantidades de dinero que están saliendo de Vall Banc, a medida que el ‘corralito’ impuesto a los clientes traspasados desde la banca intervenida está quedando sin efecto.
En la antigua banca aún quedan retenidos un millar de clientes, la mayoría de los cuales, ya se sabe ahora, no tienen relación alguna con prácticas ilícitas. Aun así, la AREB mantiene el bloqueo absoluto sobre aquellos clientes, que desde mayo del año pasado no han podido recuperar ni un solo euro.
Entonces no se puede descartar que el traspaso de clientes coincida con el vencimiento del ‘corralito’ que ‘de facto’ se estableció sobre los primeros clientes del nuevo banco procedentes de la extinta BPA. Pero a la fecha de hoy todo sigue en la incertidumbre; los gestores ya no saben qué decir a los clientes – que han tenido que aportar dos y tres veces la misma documentación para demostrar la licitud de sus capitales – cuando se les preguntan.
Negligentemente los ejecutivos de Vall Banc, no se cansan de espetar que el traspaso no va con ellos, mientras la AREB, que es el organismo que formalmente tiene que tomar la decisión, se ha desentendido por completo, a pesar de que los responsables de PricewaterhouseCoopers (PwC) ya se encargaron de hacer los análisis de cuentas y clientes, por lo que a su parecer y criterio, ya han comunicado sus decisiones. La última palabra la tiene la AREB, que si abre más el grifo, Vall Banc tardará poco en quedarse sin euros.
Al final quienes están pagando la factura, son los miles de ahorradores que confiaron sus capitales a BPA, mismos que han empezado a reclamar indemnizaciones.
Los expertos en legislación financiera ya lo habían advertido desde agosto del 2015: la Ley de medidas urgentes para la reestructuración o resolución de entidades bancarias, conocida popularmente como “Ley BPA”, no debía contemplar la venta directa del banco puente; es decir Vall Banc jurídicamente no debió transformarse en un banco ordinario para la adquisición directa que de esta entidad podría hacer un tercero – como sucedió con el fondo buitre J.C. Flowers el 14 de julio de 2016 – contrario a lo que la AREB ha ido pregonando como una maniobra sana, lo que ha llevado a la banca andorrana al desprestigio internacional total.
En el análisis, las autoridades andorranas actuaron arbitrariamente al no incluir un mecanismo de transformación directa de una entidad puente en un banco normal; contrariamente optaron por la vía indirecta de la liquidación: la venta de activos y pasivos. El primer impacto negativo fue el hecho de que los ex trabajadores de BPA fueron objeto de nueva contratación por parte de quien adquirió Vall Banc, que no garantizó las condiciones laborales de los empleados, al no respetar los cargos ni antigüedad.
El que fuera máximo responsable ejecutivo de Banca Privada d’Andorra y Banco Madrid, Joan Pau Miquel, también había alertado, al acusar al Gobierno andorrano de intervenir la entidad “por razón de Estado” y “sin medios técnicos y legales”, dando por cierta la denuncia que presentó en su momento la agencia anti blanqueo de EU, y calificó la actuación andorrana como politizada y chapucera.
Autoria de:
Guillermo Garcia
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