NI trabaja, NI estudia y además, tiene un morro que se lo pisa.
La historia comienza cuando en 2012 los padres de esta chavala, se separan. En ese momento y siendo ella mayor de edad, no se estableció en las condiciones avaladas por el juzgado que tramitó la separación, que la hija de la pareja tuviese derecho a una pensión.
La joven que no ha terminado siquiera los estudios de secundaria, consideró que quedaba en una situación económica penosa y demandó a sus padres por no proporcionarle el dinero para su sustento.
En primera instancia, sus pretensiones ya fueron rechazadas por el Juzgado de Castro Urdiales, con los mismos argumentos que esgrime ahora la sentencia de la Audiencia.
Los magistrados del tribunal provincial destacan que los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos hasta que estos alcancen la independencia económica, aunque sean mayores de 18 años. Pero en el caso de esta joven no es así, ya que según argumentan, las penurias o necesidades que tenga han sido creadas por ella misma. La Sala subraya que en este caso la situación de la chica “ha sido provocada por su propia conducta“.
A pesar de tener 23 años, explica la sentencia, no ha terminado la Educación Secundaria Obligatoria. Además, solicitó dinero a diversos familiares para realizar cursos de ofimática o de informática, pero en algunos casos ni se matriculó y en otros no acudió a las clases de forma regular.
La joven ha tenido trabajos esporádicos en lugares como Cádiz, Huelva, Londres o Castro Urdiales, pero la sentencia asegura, que no ha cumplido con las obligaciones de esos trabajos ni aprovechado la posibilidad de aprender inglés durante su estancia en la capital británica.
“Puede y debe concluirse que ha sido la propia conducta de la recurrente una vez alcanzada la mayoría de edad, conducta jurídicamente calificable como de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, la que la ha colocado en la situación que actualmente ostenta”, redactan los jueces.
Más claro… agua.
