Aunque la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), organismo creado para gestionar la crisis de BPA cuando Andorra intervino la entidad en marzo de 2015, aprobó desde más de un año el traspaso de los activos del banco que estaban fuera de sospecha a Vall Banc, que fue vendida al fondo buitre estadounidense J.C. Flowers, sospechosamente los ahorros de miles de clientes siguen perdidos en el limbo de la incapacidad de los ejecutivos de la nueva entidad financiera y el burocratismo del gobierno andorrano.
A pesar que desde mayo del 2016 se hizo el traspaso efectivo del dinero de cerca de 28 mil clientes, de los 29 mil 200 que tenía el banco, cerca de mil cuentas quedaron congeladas, y a pesar que se ha aclarado su relación con la trama de blanqueo, aún quedan “víctimas colaterales” que llevan más de dos años atrapados, primero con BPA y ahora con Vall Banc.
Con todas estas irregularidades, el temor de la autoridad andorrana de que los clientes huyeran de Vall Banc en cuanto abriera sus puertas, los orilló a que arbitrariamente implementaran mecanismos para impedir que se produjera una fuga masiva de clientes
Hay que recordar que César Goyache, consejero delegado de la AREB, prometió en su momento que los clientes recuperarían su dinero “paulatinamente durante un periodo de seis meses”, lo cierto es que aún quedan miles que siguen sujetos a vencimientos mensuales, es decir han mantenido bloqueados sus ahorros por un periodo excesivamente largo. Y este prolongado tiempo no ha servido ni siquiera para garantizar la viabilidad de Vall Banc que desde su creación ha sufrido problemas de liquidez por su mal planteamiento administrativo de origen.
La AREB nunca pudo dar garantías y menos tranquilidad a los ahorradores -que siguen luchando a través de una plataforma de afectados para recuperar sus capitales-, debido a la cuestionada solvencia del nuevo banco, a pesar de que Crèdit Andorrà, Andbank, MoraBanc y Banc Sabadell, las otras cuatro entidades del país, aportaron 27 millones de euros más a los tres que se había puesto para la constitución de Vall Banc, para alcanzar los 30 millones de capital mínimo que se exigen en Andorra para operar.
El Gobierno de Andorra, a través de la AREB, judicializó siempre la gestión del traspaso de cuentas a Vall Banc. Parte de los 2 mil 200 clientes atrapados en el segundo “corralito” que protagonizó la entidad intervenida, continúan con la impugnación del proceso en los tribunales del país, pues en todo momento se vulneró los principios legales de todo tipo y la gestión estuvo más parecida a una “caza de brujas” que a una liquidación ordenada de una sociedad.
El gobierno andorrano pegó parejo, dañando el patrimonio tanto de sociedades como de particulares, incluso las cuentas que algunos de los hijos de los clientes tenían abiertas en las que domiciliaban los gastos universitarios, una acción infame. De los 2 mil 200 afectados, hay mil 300 que se quedaron sin ahorros por no haber, presuntamente, acreditado el origen de sus depósitos. Su problema, es que PricewaterhouseCooper (PwC) había pedido justificantes de operaciones de hasta 20 años atrás, cuando en España no se exige documentación más allá de los últimos cinco años. Lo que agravó el asunto fue que los gestores de BPA para notificar a los clientes, en lugar de remitir cartas certificadas, usaba el correo ordinario sin respetar el derecho a la intimidad.
Otros que se han encontrado en la misma tesitura son comerciantes de Andorra que operaban principalmente en efectivo, algo habitual en el Principado, aunque el auditor consideró extraño además de que propiciaba el blanqueo. Y aunque han demostrado que nunca cometieron un crimen financiero, muchos de los afectados prefirieron adoptar un perfil bajo y no levantar la voz por miedo a pasar a formar parte de una lista negra que les impida recuperar sus ahorros y perder definitivamente su patrimonio.
Comunicado.
Autor: Guillermo Garcia
Email: globalbankingexposed@gmail.com
