El pacto de Estado contra la violencia de género, acordado este lunes por unanimidad en sendos documentos en el Congreso y el Senado, recoge medidas de protección y respaldo a las víctimas.
El informe contiene 212 medidas pactadas por todos los grupos parlamentarios que se aprobará definitivamente el próximo viernes en la Comisión de Igualdad del Congreso y cuya dotación presupuestaria asciende a 1.000 millones de euros en cinco años.
Principales focos en los que se aplicarán las medidas:
Sensibilización y prevención
– Prevenir en todas las etapas educativas la violencia de género, el machismo, la educación emocional y sexual y la igualdad. Promover actividades para prevenir la violencia sexual. Introducir en los libros de historia el origen, desarrollo y logros del movimiento feminista en el marco del pacto educativo.
– Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso de los cuerpos docentes.
– Establecer, en la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, la opción de excepción de la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite una situación de violencia de género.
– Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento, implicando al conjunto de la sociedad, utilizando también las consultas médicas y centros sanitarios como plataformas.
– Implicar a las entidades locales en la elaboración de campañas para establecer puntos seguros y de información sobre violencia sexual en espacios públicos.
– Acordar con las fuerzas y cuerpos de Seguridad, las empresas de telecomunicaciones y los principales proveedores de contenidos digitales un sistema de coordinación, cooperación y corregulación para eliminar referencias potencialmente nocivas en la web que promuevan la violencia contra las mujeres.
– Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan la apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos.
– Mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios.
– Mejorar la formación especializada de los profesionales de la Sanidad y de la Educación, asi como de los profesionales de la Administración de Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Mejora de la respuesta institucional: coordinación
– Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de Estambul.
– Suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en delitos de violencia de género.
– Generalizar la aplicación de la circunstancia agravante para los casos de mutilación genital femenina.
– Ampliar los mecanismos de acreditación de la condición de víctima de violencia de género.
– Mejorar la protección de las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular.
Asistencia y protección a las víctimas
– Diseñar un plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima.
– Reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes, durante y después del procedimiento judicial.
– Establecer unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las veinticuatro horas del día todos los días de la semana.
– Incluir a los hijos en las valoraciones de riesgo de las víctimas.
– Estudiar el actual sistema de ayudas para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis meses de duración.
Asistencia y protección a los menores
– Garantizar una prestación a todos los huérfanos por violencia de género.
– Establecer mecanismos para asegurar las pensiones de orfandad que puedan corresponder a los hijos de víctimas de violencia de género.
– Adoptar medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género.
– Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia.
– Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.
– Estudiar modificaciones legislativas para proteger a las víctimas que estén situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea un episodio de violencia de género.
Seguimiento estadístico y recomendaciones a las administraciones
– Recopilar datos sobre las distintas formas de violencia sobre la mujer recogidas en el Convenio de Estambul.
– Instar al Gobierno de España a liderar en el ámbito de la Unión Europea la promoción de un pacto sobre medios de comunicación y violencia de género.
Atención a otras formas de violencia contra la mujer
– Promover programas integrales de atención a la violencia sexual en todo el territorio en colaboración con las comunidades autónomas.
– Impulsar una ley integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
– Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes.
– Implementar instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado.
Propuestas
La ponencia de estudio para elaborar un pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobada en el Senado propone que las declaraciones de las víctimas en el juicio oral puedan ser sustituidas por grabaciones en vídeo de su testimonio durante la fase de investigación.El informe se diferencia en este punto del acuerdo alcanzado por la subcomisión del Congreso, donde los grupos no consiguieron consensuar una posición común sobre la reforma del artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referente al derecho de la víctima a no declarar contra su agresor.
El informe exige un plan de acción para visibilizar la violencia sexual, también la que sufren menores, y apuesta por una macroencuesta que permita la recogida de datos fiables.
En la línea de ampliar el concepto de víctima de violencia de género, propone también una ley de violencias sexuales y otra contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
El texto sugiere, asimismo, considerar a las madres de niños asesinados por su progenitor como víctimas de la violencia de género, y conceder prioridad en el acceso a vivienda protegida a las personas que se encarguen de la tutela o del acogimiento de los menores que se hayan quedado huérfanos debido a este delito.
El informe recomienda también fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas.
Para vigilar el cumplimiento del pacto, se propone la creación de una Comisión Mixta parlamentaria de seguimiento Congreso-Senado.
