El Tribunal Constitucional suspendía de forma cautelar, este jueves por la noche, la Ley del Referéndum aprobada el miércoles por el Parlamento de Cataluña y los decretos firmados para la consulta de autodeterminación del próximo 1 de octubre.
El alto Tribunal ha acordado también apercibir a los 948 alcaldes catalanes, a 62 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros, a quienes les recuerda el deber de obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum, bajo en aviso de incurrir en responsabilidades penales.
El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins, figuran entre el millar de cargos apercibidos.
No obstante, el TC no ha atendido a la petición del Ejecutivo de abrir la vía penal contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consejeros firmantes de la convocatoria.
El organismo también ha rechazado por “impertinente y abusiva” la recusación contra sus 12 magistrados formulada el miércoles por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. La presidenta del legislativo autonómico había presentado la recusación contra todos los magistrados de forma general sin vincularla a una causa concreta minutos antes de que la Mesa del Parlament diera curso al debate y aprobación de la Ley del Referéndum catalán.
