La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para estudiar si procede iniciar actuaciones penales respecto de las expulsiones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjeron este lunes en diferentes hoteles de Cataluña.
El Ministerio Público estudia si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos.
Cientos de personas salieron este lunes a la calle en diferentes puntos de Cataluña para pedir que las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en el dispositivo para frenar el referéndum del 1 de octubre salieran de territorio catalán, en apoyo a la petición que el presidente de Generalitat, Carles Puigdemon había hecho pública.
Esto concentró a personas en varios hoteles de Calella, entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, donde se alojaban 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para pedir que dejaran el establecimiento. Según indicaban los responsables de los hoteles, a ellos mismos se les instó a no permitirles que siguieran ocupando las habitaciones, bajo amenazas.
Los agentes abandonaron las instalaciones y comunicaron después que lo habían hecho de forma voluntaria para no causar perjuicio a los propietarios y para evitar mayores conflictos.
Fuentes policiales indicaron ayer que en el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios los que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.
Las fuentes han indicado que la propia alcaldesa de Calella, una localidad gobernada por el PDeCAT, ha sido la que ha llamado directamente a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que o echaba a los agentes o paralizaba licencias de reforma pendientes.
Ahora la Fiscalía estudia la aplicación de fórmulas penales para castigar las presuntas amenazas.
