El Gobierno español está perfilando una modificación reglamentaria a través de un Decreto Ley para facilitar el cambio de sedes sociales de empresas sin tener que pasar por la validación de la junta de accionistas.
Ante esta decisión, la Generalitat acusa al Gobierno de querer «castigar a la economía catalana».
Como norma general, el cambio de domicilio social de una empresa puede ser decidido por el consejo de administración, salvo en el caso de que haya mención expresa en los estatutos a una convocatoria de asamblea de accionistas.
La modificación que el Gobierno tiene en curso, permitiría a las empresas que en este caso, están pensando cambiar su sede de territorio catalán ante la incertidumbre política por una eventual declaración de independencia, registrar en otra región su domicilio social a pesar de que sus estatutos establecen que una decisión de este tipo ha de estar validada por los accionistas en junta.
El decreto facilitaría el cambio de sede a compañías como Caixabank, ya que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas.
La medida sería estudiada en el Consejo de Ministros de este viernes
